El Mensajero (Español)

Posted: August 14, 2019

Foto CNS por Daniel Becerril/Reuters

Un grupo de migrantes come dentro de un centro de refugio en Ciudad Juárez, México, el 10 de julio de 2019. Operadores de refugios en México reportan un aumento de hostilidad desde que México firmó un acuerdo sobre la migración con los Estados Unidos.

Albergues reportan hostilidad tras acuerdo entre Estados Unidos y México

Por David Agren
Catholic News Service
 
CIUDAD DE MÉXICO — Recientemente, un grupo de soldados apareció en un refugio diocesano para inmigrantes en la ciudad del Saltillo al norte de México y pidieron ver los documentos de los que estaban albergados.
 
El director del albergue, Alberto Xicotencatl, corrió a la calle a confrontarlos el 23 de julio, según un video compartido en las redes sociales. Les gritó que la ley mexicana prohíbe pedirle documentos de inmigración a cualquier persona en un albergue de inmigrantes o de una distancia de tres millas dentro de tales sitios.
 
Xicotencatl dijo que la visita del ejército se debe a que se ha intensificado la aplicación de la ley a migrantes desde que surgió un acuerdo con los Estados Unidos para evitar el incremento de aranceles. El gobierno mexicano dice que la estrategia protegerá a más de un millón de trabajos en un momento en que la economía muestra signos de desaceleración.
 
Por el contrario, Xicotencatl dijo: “(México) está persiguiendo y deteniendo inmigrantes para que no lleguen a la frontera estadounidense”.
 
Agregó que “no encuentro otra explicación” para la visita del ejército — y para otra que hizo la policía federal tres días antes, en la cual ellos también pidieron revisar los documentos de los migrantes.
 
El canciller Marcelo Ebrard dijo el 22 de julio que el flujo de los migrantes hacia México había disminuido en un 36.2 por ciento. Lo atribuyó a la aplicación de las leyes de inmigración mexicanas y al envío de una fuerza policial militarizada, conocida como la Guardia Nacional, a las fronteras norte y sur de México.
El acuerdo entre México y los Estados Unidos incluye una cláusula que permite una revisión de los récords mexicanos mostrando la reducción de la migración después de 45 días, con negociaciones iniciales para que México se convierta en un “tercer país seguro”, lo que significa que los solicitantes de asilo que viajen a través del territorio serían inelegibles para solicitar amparo en los Estados Unidos.
 
Pero Ebrard dijo que no habría negociaciones con México para que sea un tercer país seguro.
 
El Presidente Donald J. Trump ha presionado para que los países al sur de Estados Unidos se conviertan en “cuellos de botella” de migrantes y amenazó a Guatemala el 23 de julio al tuitear que un trato para mantener bajos los aranceles podría vencerse ante la incapacidad de llegar a un acuerdo para que se convierta en un tercer país seguro. Los obispos de Guatemala han criticado la idea de que su país se convierta en un tercer país seguro y advirtieron que la empobrecida nación no está en condiciones para recibir a tantos inmigrantes.
 
El nuevo vigor de aplicar la ley ha causado preocupación en la conferencia episcopal mexicana y su ministerio para servir a inmigrantes, los cuales expresaron en un comunicado fechado el 23 de julio que “México, sin una efectiva estrategia migratoria, ha estado sujeto al criterio e imposiciones del gobierno de Estados Unidos”.
El comunicado también afirma lo siguiente: “La dignidad y la soberanía de nuestra nación, junto con la dignidad y los derechos humanos de los inmigrantes están por encima de cualquier negociación. … Tristemente, podemos ver que esa dignidad como individuos e hijos de Dios está siendo violada”.
 
El aumento de la aplicación de las leyes ha puesto a los albergues católicos en la mira de una administración ansiosa de mostrarle a los Estados Unidos que está haciendo su parte para parar el flujo de migrantes.
 
Durante un periodo de seis semanas este verano, un refugio administrado por una parroquia en Agua Prieta, al otro lado de Douglas, Arizona, y un albergue scalabriniano en Tijuana han sido visitados por la Guardia Nacional, la cual exigió revisar los documentos de los inmigrantes. La 72, un albergue administrado por los franciscanos en el estado de Tabasco al sur de México, fue amenazado con ser investigado por lavado de dinero.
 
“La iglesia y la sociedad civil siempre han defendido que no se criminalice a los migrantes y también los derechos humanos de sus defensores, quienes abogan en favor de la dignidad y poniendo en riesgo su propia seguridad”, según el comunicado de los obispos.
 
“Los muros no se construyen solamente con piedras y ladrillos, sino con actitudes negativas, como también con el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional en nuestras fronteras al igual que con fallidas soluciones para detener la migración”, agregó el comunicado. “Un muro no llega a las causas que generan el fenómeno de la migración”.
 
En un albergue en Saltillo, a unas 185 millas de la frontera estadounidense a la altura de Laredo, Texas, Xicotencatl dijo que el aumento de la aplicación de la ley y las medidas —la solicitación documentos de inmigración a los pasajeros en autobuses, por ejemplo— ha reducido el número de personas albergadas de 400 diariamente a inicios de junio a solamente 80 personas cada día en la actualidad.
 
El presidente mexicano Manuel López Obrador, que en una oportunidad prometió no hacer “el trabajo sucio” de los gobiernos extranjeros en el asunto de inmigración, e incluso empezó emitiendo visas humanitarias a los migrantes, detuvo el plan debido a la abrumadora demanda de documentos. Su discurso también sigue siendo sólidamente proinmigrante e incluso se refiere a la Biblia —“amar al prójimo”, dice a menudo— cuando habla del tema.
 
Pero los defensores de los inmigrantes como Xicotencatl expresan su decepción con el presidente diciendo: “Es un gobierno esquizofrénico con un discurso completamente distante de la realidad que estamos viviendo”.

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