ROCHESTER — Ana Casserly, madre de un niño autista, trabaja incansablemente abogando para mejorar los servicios de educación especial para satisfacer las necesidades de los niños latinos discapacitados o que tienen necesidades especiales.
Ella ha reunido a más de 70 padres de niños que tienen necesidades especiales para que le asistan en su trabajo para formar el grupo Padres Especiales Niños Especiales (SPSK, siglas en inglés). Los miembros del grupo se reúnen una vez al mes para dar seguimiento al status de los casos educativos de miembros individuales del grupo. Casserly también ayuda a las familias con el papeleo complicado o las acompaña a las reuniones con los funcionarios escolares como parte de su trabajo de intercesión, dijo.
"Realmente, tenemos que unirnos", dijo Myrna González, miembro del grupo, durante la reunión de SPSK el otoño pasado.
"Cincuenta voces juntas se oyen más que 100 separadas. … Tenemos que seguir unidos", dijo González, cuya hija tiene el desorden obsesivo compulsivo.
La mayoría de los miembros del grupo tienen niños en el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester (RCSD, siglas en inglés), donde los retos incluyen la falta de maestros de educación especial bilingües y tasas altas de suspensión de los niños que tienen necesidades especiales. Casserly señaló que los padres suburbanos también luchan para asegurar que sus distritos están satisfaciendo las necesidades específicas de sus niños.
Esas luchas no son extrañas para González.
Su hija, Natalia Vázquez, ha demostrado sus dificultades para el aprendizaje durante sus años en la escuela primaria. A pesar de la incapacidad de la niña para leer y escribir, su madre dijo que los funcionarios del distrito seguían insistiendo que Natalia no tenía discapacidades. González dijo que su hija fue finalmente diagnosticada con el desorden obsesivo compulsivo cuando estaba en el cuarto grado.
También durante su año en el cuarto grado, Natalia tuvo un arrebato y fue enviada al hospital, pero González no fue notificada inmediatamente.
El incidente la indujo a mantener a Natalia fuera de la escuela por algún tiempo, lo cual resultó en una visita por los Servicios de Protección de Niños debido a inquietudes por el ausentismo escolar. Entonces González matriculó a su hija en el Crestwood Children’s Center, una escuela privada en Henrietta para estudiantes con necesidades especiales. Natalia asistió a Crestwood por dos años, luego fue educada en el hogar por un año. Ahora a los 17 años de edad, Natalia ha asistido a BOCES por dos años y está haciendo buen trabajo ahí, dijo González.
Natalia, quien se graduará este año, espera ir a la universidad, dijo su madre.
La historia de González ilustra la necesidad de intercesión y cambios en la manera como los distritos escolares lidian con los estudiantes que tienen necesidades especiales, dijo Casserly.
"Lo único que estamos pidiendo es los derechos", dijo ella.
Uno de los derechos que SPSK busca es asegurar que la suspensión de la escuela no es una respuesta a los arranques de niños cuyas necesidades de educación especial no se están tratando, dijo Casserly. Ella observó que un estudiante con el cual ella está trabajando ha sido suspendido tantas veces que él casi no ha pasado tiempo alguno en la escuela durante el año escolar 2015-16.
La primavera pasada, un grupo de 40 familias con las que Casserly trabajó querellas formales en el departamento de educación especial respecto a la falta de servicios de intervención apropiados para sus niños. Todos esos casos fueron resueltos, de acuerdo a Christopher Suriano, director ejecutivo de servicios especializados en el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester.
A pesar de los intentos del distrito de Rochester para resolver los casos individuales, los retos para las familias persisten debido a la falta de servicios de educación especial bilingües amplios, dijo Bryan Hetherington, abogado en el Empire Justice Center. Hetherington ha estado trabajando con un grupo de 20 familias – principalmente del distrito escolar de la ciudad — cuyos niños necesitan esos servicios.
"Existen violaciones sistémicas significativas de las leyes federales y estatales en términos de la educación de niños que tienen discapacidades y no dominan el inglés", dijo.
Las violaciones han incluido no haber ofrecido la información sobre los casos de sus niños en español, no haber notificado a los padres sobre las reuniones respecto a sus niños y no ofrecer transportación a programas fuera de la escuela que podrían ayudar a los estudiantes, explicó Hetherington.
Un subcomité de un grupo de trabajo del RCSD que está trabajando para revisar el "código de conducta" está explorando las inquietudes respecto a los estudiantes que tienen necesidades especiales, particularmente sus tasas altas de suspensiones, dijo Gladys Pedraza-Burgos, jefa de operaciones en la Liga de Acción Iberoamericana y miembro del grupo de trabajo. Ella dijo que el grupo de trabajo incluye personal administrativo, padres, agencias locales y miembros de la comunidad.
Pero Casserly dijo que el grupo de trabajo no ha buscado aportaciones de los padres cuyos niños han sido afectados directamente por el código de conducta, ni esos padres han recibido información adecuada acerca del trabajo del grupo de trabajo.
"Nadie le ha preguntado a la gente con el número mayor de suspensiones – personas que hablan español y las minorías", dijo.
Al estudiar las revisiones propuestas para las políticas del distrito escolar, el grupo de trabajo encontró que se necesita una mejor comunicación con los padres, y que a los padres se les debe ofrecer información clara acerca de las suspensiones en los lenguajes maternos de los padres, observó Pedraza-Burgos. Miembros del personal del distrito también necesitan mejor capacitación en cuanto a cómo controlar el salón de clases de modo que puedan usar la disciplina como un momento para educar en lugar de depender de las suspensiones para resolver los problemas en el salón de clases, añadió.
"Hay muchas excusas para justificar el que un niño pueda ser suspendido con muy poca información ofrecida a los padres explicando la razón para la suspensión del niño", dijo Pedraza-Burgos. "Lo que más interesa al grupo de trabajo de la comunidad es la prevención, intervención y cómo, cuándo y dónde aplica el código del distrito".
El código de conducta puede ser un instrumento útil para determinar las raíces de la conducta que los niños que tienen necesidades especiales exhiben, dijo Hetherington. Antes de que un niño sea disciplinado, la ley federal requiere que un maestro determine si la discapacidad del estudiante es una "parte material" de la causa de los problemas de conducta, explicó.
Hacer tal determinación requiere saber qué causa que el estudiante en particular estalle, dijo Hetherington, observando que los factores que provocan la reacción pueden ser identificados haciendo una "evaluación de conducta funcional" del estudiante. Los resultados de tal evaluación permiten a las escuelas desarrollar un plan de intervención. Él observó que los estudiantes en la investigación del Empire Justice Center no han recibido tales evaluaciones.
"Realmente deseamos que haya arreglos sistémicos", comentó Hetherington.
