Por Patricia Zapor/Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — El Obispo Gerald F. Kicanas de Tucson, Arizona, uno de muchos líderes religiosos que condenan la nueva la ley de inmigración de Arizona, dijo que pedirá al asesor general de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos que se involucre en las demandas legales que se espera reten la constitucionalidad de dicha ley.
En su "Memorando del Lunes" publicado en la sede de Internet diocesana el 26 de abril, el Obispo Kicanas dijo que cree que la ley necesita ser retada por razones que van más allá de las cuestiones constitucionales que se han planteado. Entre sus objeciones a la ley, firmada el 23 de abril, está que ésta "no atiende la necesidad crítica de seguridad fronteriza para confrontar el contrabando de drogas, el contrabando de armas y el contrabando humano".
El obispo también dijo que la ley "envía un mensaje incorrecto acerca de cómo nuestro estado considera la importancia de los derechos civiles", distrae la aplicación local de leyes de su rol primario de proteger la seguridad pública y pone presión adicional en los agotados recursos de la aplicación de leyes, desalienta a las personas de reportar crímenes si carecen de estado legal de inmigración, hace criminales a los niños que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres, arriesga dividir las familias y podía causar daño adicional a una economía estatal que ya está tensionada.
En entrevista telefónica con Catholic News Service el 23 de abril, el Obispo Kicanas dijo que tiene la esperanza que no resultará violencia de la tensión en Arizona que ha acompañado la firma de ésta por parte del gobernador Jan Brewer.
"Las emociones pueden llevar al comportamiento irracional", dijo.
El Obispo Kicanas dijo que espera que la implementación de la ley en julio, 90 días después de haberse firmado, será retrasada por retos legales.
Junto con los Obispos Thomas J. Olmsted de Phoenix y James S. Wall de Gallup, Nuevo México, cuya diócesis incluye partes del norte de Arizona, el Obispo Kicanas había hecho un llamado al veto del proyecto legislativo y a un enfoque federal abarcador en la inmigración.
Brewer también ha recibido una lluvia de misivas, llamadas por teléfono y mensajes electrónicos, desde el momento en el que la legislatura le envió el proyecto de ley el 19 de abril.
También entre los obispos y otros que apremiaron a Brewer a que vetara el proyecto de ley se contaba el cardenal de Los Ángeles, Roger M. Mahony, quien le llamó a la pieza legislativa "la ley del país más regresiva, de mal espíritu e inútil en contra de inmigrantes", en su sitio electrónico.
Bajo el titular "Espantosa ley de Arizona contra inmigrantes" el Cardenal Mahony escribió en su bitácora de Internet el 18 de abril que "la tragedia de la ley es su razonamiento totalmente defectuoso: que los inmigrantes vienen a nuestro país a robar, saquear y consumir recursos públicos. Eso no es solamente falso, la premisa es un disparate".
"Lo que llevó a la legislatura de Arizona a aprobar tal ley", él continuó, "es tan obvio para todos nosotros que hemos estado trabajando para la reforma federal abarcadora de inmigración: el sistema actual de inmigración es totalmente incapaz de equilibrar la necesidad de nuestra nación de trabajadores y la oferta de esos trabajadores.
"Hemos construido una pared enorme a lo largo de nuestra frontera meridional y hemos fijado en efecto dos rótulos uno al lado del otro. Uno lee ‘No Pase’ y el otro lee ‘Se Busca Ayuda’, él escribió.
El Cardenal Mahony dijo que el proyecto legislativo asume incorrectamente que los residentes de Arizona, incluyendo el personal local de aplicación de la ley "ahora cambiarán su atención total hacia adivinar cuál persona que parezca latina o que parezca extranjera podría o no tener los documentos apropiados. Eso es también un disparate".
En rueda de prensa en la que anunció la firma de la ley, Brewer dijo que haría a Arizona un lugar más seguro.
En sus comentarios en una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca, más temprano ese día, el president Barack Obama dijo que la falla de no aprobar y sancionar reformas de inmigración a nivel federal le había abierto la puerta a "la irresponsabilidad de otros… que amenazan con destruir insidiosamente las nociones básicas de justicia que apreciamos como norteamericanos, como también la confianza entre la policía y la comunidad que es tan crucial para conservarnos seguros".
Obama dijo que había girado instrucciones a su personal administrativo para que se estudiaran los derechos civiles y otras implicaciones de la legislación. Varias organizaciones prominentes, incluyendo la Mexican-American Legal Defense and Education Fund y la American Civil Liberties Union, han amenazado con levantar demandas para no permitir que la ley sea aplicada.
Miles de manifestantes opuestos a la ley se reunieron en el capitolio estatal en Phoenix antes de la ceremonia de firma y varios días desde entonces. Se esperaba que en toda la nación concentraciones en apoyo a la reforma federal abarcadora de inmigración planificadas para el 1 de mayo tuvieran un nuevo enfoque y una nueva determinación mientra los proponentes de la reforma amplia se enfocaban en la ley de Arizona como consecuencia del retraso del Congreso en atender el sistema disfuncional de inmigración.
La red interreligiosa de Arizona y los directores de varias denominaciones religiosas principales del estado emitieron una declaración, diciendo que "al codificar la discriminación racial, esta ley hace de Arizona el hazmerreír de la nación y un paria en el escenario internacional".
La turbulenta atmósfera en Arizona como respuesta a la pieza legislativa forzó al representante Raúl Grijalva a que cerrara las oficinas de su distrito antes de la hora, el 23 de abril, después de que recibieron amenazas de violencia las personas de la administración demócrata de Tucson. Grijalva se opone a la ley y ha animado a iniciar un boicoteo del estado, como protesta.
La ley haría un crimen el estar ilegalmente en Estados Unidos. La ley federal interpreta la presencia sin permiso en este país como violación de la ley civil y no requiere que la gente lleve consigo prueba de su estado migratorio.
Pero en Arizona, la ley nueva también requeriría que la policía hiciera un "intento razonable" de determinar el estado legal durante "cualquier contacto legal" y requeriría que los inmigrantes lleven comprobante de su estado legal. También hace ilegales actividades tales como solicitar trabajo desde vías públicas y permitiría que cualquier persona presente demanda civil si cree que algún oficial policía o agencia policía no está aplicando suficientemente la ley.
El padre jesuita Sean Carroll, director ejecutivo de la Iniciativa Kino Para la Frontera en el sur de Arizona y el norte de México, dijo al The Catholic Sun, periódico de la Diócesis de Phoenix, que la ley "viola la dignidad de la persona humana" y en última instancia "socava la seguridad de nuestra comunidad".
