Aunque los trabajadores migrantes y los intercesores por reforma de la inmigración locales están felices porque el Presidente Barack Obama actuó para hacer frente a la difícil situación de las familias indocumentadas, ellos están decepcionados porque su orden ejecutiva no se extendió para ayudar a más trabajadores.
"Mucha gente esperábamos más de él (presidente)", dijo Dolores Bustamonte, que es de México y trabaja en Williamson. "Muchas nos quedamos excluidas aunque estamos varios años aquí. … Trabajamos en el calor, en el frío, y eso pues, él no está mirando".
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Bustamonte, que habló durante una conferencia de prensa organizada por la Coalición por Justicia de Inmigración de Rochester, fue detenida recientemente durante una parada de tráfico y está esperando para presentarse a la corte de inmigración. Ya que su hija no nació aquí, ella no califica para la Acción Diferida para Padres esbozada en el discurso del presidente el 20 de noviembre.
Muchos de los que hablaron habían visto el anuncio durante una fiesta celebrada en la Iglesia Episcopal San Juan en Sodus para escuchar al presidente.
De acuerdo a información en http://whitehouse.gov, el plan del presidente incluye:
* Permitir que 4 millones de padres indocumentados de niños nacidos en los Estados Unidos y residentes permanentes legales se queden temporeramente sin temor a deportación si han estado aquí por cinco años o más, pasan una verificación de antecedentes y pagan impuestos.
* Dar prioridad a los recursos para hacer cumplir las leyes para centrarse en los criminales.
* Expandir las autorizaciones de trabajo para los trabajadores muy diestros que están esperando las tarjetas verdes.
* Desplegar más recursos a la frontera para reforzar la actividad policial y deportar a inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera recientemente.
La Hermana Luci Romero, ministra de migrantes en el Condado de Wayne para la Diócesis de Rochester, está preocupada por esa llamada a aumento en la actividad policial y teme que la Patrulla de la Frontera de Estados Unidos empleará métodos y persecución más severos con los que no están cubiertos por la acción ejecutiva.
"Lamentamos que este programa excluya a más de la mitad de trabajadores de campos", dijo ella. "Conocemos a trabajadores por más de 10 años con raíces profundas en la comunidad… Se preocupan que esta (política) provoca una división".
Y en esta región, muchos de los trabajadores son hombres cuyas familias permanecen en sus países natales, de modo que la acción conduce a un impacto negativo, añadió.
José Coyote de Mount Morris conoce el dolor de enfrentarse a la deportación. El trabajador de la industria lechera fue detenido este año mientras conducía en el Parque Letchworth con sus cuatro hijos. (Su historia apareció en la edición de septiembre de El Mensajero Católico y se puede encontrar en http://bit.ly/11DhRRX.)
Está agradecido de que la orden del presidente le ofrece alivio de ser separado de su familia. Pero Coyote recalcó que él espera una legislación más permanente del Congreso que ayude no sólo a las familias sino también a millones de trabajadores indocumentados que no recibirán alivio alguno.
"Pues para mí, me pareció mucho mejor que si no hubiese hecho nada. Por algo se empieza", dijo Coyote. "Me gustaría pues que hubiera una reforma más amplia para beneficiar a mucha gente. Sabemos que mucha gente va a quedar afuera (de la política)".
Aunque la lucha por legislación de inmigración abarcadora continúa, dijo José Pérez, abogado de inmigración con oficinas en Syracuse y Búfalo, esta acción ayuda a más de 3,000 familias en la región septentrional.
"Esta solución temporera es sólo eso", añadió. "Una solución temporera que permite a estos individuos … salir de las sombras por un período corto de tiempo. Pero necesitamos algo que hable de lo que realmente se trata este país: un país de inmigrantes."
La acción del presidente significa la liberación de cientos de personas del Centro de Detención de Batavia, observó el Dr. John "Lory" Ghertner, miembro de la coalición de inmigración y de Acción por la Igualdad Racial de Wayne.
"Pero esto va más allá de los trabajadores agrícolas, los trabajadores domésticos y de construcción. Va a la seguridad de nuestra economía", añadió. "Si no hay crecimiento de la población, no puede haber crecimiento en la economía. … Por eso tanto como esto es un asunto de derechos humanos, esto es también un asunto económico".
