Además del alivio que los inmigrantes recibieron por la reciente orden ejecutiva del presidente, los activistas de la zona septentrional de Nueva York fueron exitosos en lograr que la Policía Estatal de Nueva York revisara su manual y políticas de adiestramiento respecto a las interacciones con tales inmigrantes.
Ese éxito fue el resultado de dos años de trabajo de una coalición de miembros de la comunidad, activistas de inmigración, profesores universitarios, abogados y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, siglas en inglés), explicó Katie Tinto, profesora clínica asistente de leyes en la Escuela de Leyes Cardozo en la Ciudad de Nueva York.
Como parte del trabajo del grupo para la Clínica de Justicia de Inmigración Kathryn O. Greenberg, estudiantes de leyes recopilaron relatos de inmigrantes, dijo Tinto. La clínica ha estado trabajando en la reforma de inmigración por seis años, de acuerdo a http://cardozo.yu.edu. La NYCLU también llevó a cabo una investigación en las paradas de tráfico involucrando a trabajadores indocumentados cuando la policía llamó a la Patrulla Fronteriza y de Aduana de Estados Unidos, dijo ella.
Los informes de la NYCLU junto con las historias personales de tales trabajadores respecto a sus experiencias con los policías estatales fueron presentadas al superintendente y abogado de la policía estatal así también como a representantes de la oficina del gobernador durante una reunión el 18 de noviembre en Albany, dijo Tinto. La NYCLU no respondió a varias solicitudes de comentarios.
"Esos relatos de los miembros de la comunidad indicando haber sido realmente traumatizados y victimados por lo que creemos fueron procedimientos policíacos inapropiados… realmente resonaron", dijo Tinto. "Más que solamente las estadísticas, el compartir relatos personales de lo que les pasó a ellos, creo que fue muy impactante".
La policía estatal se reunió con la NYCLU y miembros de la comunidad para escuchar sus preocupaciones como parte de los esfuerzos para mejorar las relaciones con la comunidad, dijo la portavoz de la policía estatal Darcy Wells en un e-mail. Ella añadió después de la reunión que el manual y políticas de adiestramiento respecto a los trabajadores indocumentados se están revisando.
"Y, al igual que con otras políticas, nosotros ocasionalmente hacemos aclaraciones y reforzamos según estimamos que sea necesario para asegurar que nuestros miembros (de la policía) entienden las expectativas y los requisitos legales", dijo Wells. "Nosotros planeamos para asegurar que todo nuestro personal entiende sus responsabilidades a través de nuestra división de adiestramiento".
Tinto dijo que la coalición espera estudiar las revisiones y que los cambios son rápidos. El problema se hizo más patente a fines del otoño cuando pareció que muchos trabajadores agrícolas estaban siendo blancos de la policía estatal que hacía las paradas de tráfico, ya que la Patrulla Fronteriza era llamada en estos casos, explicó Carly Fox del Centro de Justicia para el Trabajador.
Ella junto con Dr. John "Lori" Ghertner y Peter Mares de las Caridades Católicas diocesanas organizó una marcha el 2 de noviembre a las barracas de la policía estatal en Williamson para entregar una carta solicitando que la policía pusiera fin a los que ellos veían como identificación por perfiles raciales. Ghertner dijo que los puntos en la carta fueron enfatizados en una reunión de seguimiento con la policía local indicando que tal identificación por perfil racial, detallada en el manual de la policía estatal, se ha demostrado como inconstitucional y debe cesar.
Una de las trabajadoras que tomó parte en la marcha el 2 de noviembre y en la reunión del 18 de noviembre en Albany fue Dolores Bustamonte, que fue detenida en octubre después de haber sido objeto de una parada de tráfico por, según alegado, ir a exceso de velocidad camino a la iglesia. Cuando el policía le preguntó si tenía papeles, ella le dijo que no tenía que contestar, explicó Bustamonte.
Entonces él la puso al teléfono con otra persona que hablaba español y resultó ser de la Patrulla Fronteriza, dijo. Ese oficial también preguntó si ella tenía status legal, y de nuevo ella dijo que no contestaría.
Y a pesar de que ella explicó que su hija de 14 años, que estaba en el auto con ella, no tenía alguien que se quedara con ella, Bustamonte dijo que la esposaron y la llevaron a las barracas de la policía cercanas. Entonces la llevaron al Centro de Detención Federal en Batavia e iba en ruta a otra instalación con un oficial de Control de Inmigración y Aduanas cuando le dijeron que podía volver a su casa.
Fox dijo que ella llamó por teléfono a todos los que pensó que podrían ayudar a Bustamonte, inclusive amenazando con celebrar una conferencia de prensa de emergencia para exponer las acciones de la policía al detener una trabajadora agrícola soltera con una niña.
"Pienso que ella hizo algo demasiado grande. Yo no esperaba eso", dijo Bustamonte de la ayuda de Fox. "Nosotros simplemente queremos trabajar. No estamos haciendo daño a nadie".
Fox dijo que admira el valor de Bustamonte al hablar de su experiencia durante la reunión de Albany, ya que muchos trabajadores temen desquite de los agricultores o la policía por hablar.
"La gente que se arriesga a ir ahí (Albany) y hacerse escuchar, los afectados directamente y detenidos por la policía demostraron un liderazgo y fortaleza increíble", observó Fox. "Queremos más gente como ellos. Queremos que los aliados se unan en solidaridad con nosotros al igual que ellos lo hicieron".
