Irving Rodríguez, estudiante de 14 años de edad en la escuela secundaria en el condado de Livingston, no tuvo oportunidad para solicitar protección legal bajo el programa de Acción Diferida para Arribos en la Infancia (DACA, siglas en inglés) antes de que el Presidente Donald Trump anunció que reduciría el programa progresivamente.
Irving debía tener 15 años de edad para calificar para la DACA que protegía a inmigrantes jóvenes como él que habían llegado a los Estados Unidos ilegalmente siendo niños con sus familias, dijo.
Ampliar los criterios de elegibilidad por edad para jóvenes como él que no calificaron para DACA lo ayudaría a él y a otros inmigrantes, dijo. Irving y su familia se encontraban entre las miles de personas que marcharon en Washington, D.C., el 6 de diciembre para instar a los líderes del Congreso a aprobar un proyecto de ley para proteger a todos los jóvenes inmigrantes. Él abordó un autobús con su madre, Blanca Rodríguez, y sus dos hermanos menores, de 4 y 8 años, para participar en la manifestación de todo el día junto con otras familias y aliados del Centro de Justicia para Trabajadores y otros intercesores locales.
“Fue una experiencia buena escuchar las historias de otras personas y cómo ellas superaron las cosas”, dijo Irving. “Es difícil para mí, porque hay ciertas cosas que no puedo hacer debido al hecho de que mi condición, creo, es diferente de la de otros. En cierto modo me siento excluido en algunos puntos como ciertos viajes fuera del país en la escuela. No puedo participar en eso”.
Su madre dijo que conmovió su corazón ver a tantos jóvenes como sus hijos luchando por hacer sus sueños realidad.
“Nos da la fuerza para seguir luchando, y tenemos mucha esperanza de que algún día las cosas cambien, y mi hijo al igual que todos esos jóvenes, puedan ir a la universidad, puedan trabajar y contribuir a este país que ellos sienten como suyo”, dijo su madre. “Ellos merecen una oportunidad, porque son el futuro de este país”.
Trabajadores agrícolas como Marco Martínez también participaron en la manifestación del 6 de diciembre para ayudar a los inmigrantes jóvenes.
“Realmente ya es tiempo”, dijo él. “Es importante que nos unamos para luchar por algo mejor y trabajar juntos para que puedan realizar los sueños como de ser doctor. Nosotros también tenemos sueños de…mover adelante”.
Trabajadores como él contribuyen al país y también sueñan con un futuro mejor, dijo Martínez. Los trabajadores deben ponerse de pie e involucrarse más en pedir más derechos, agregó, como la posibilidad de obtener licencias de conducir.
“Es necesario que seamos la voz”, dijo él. “Estamos luchando no por algo personal, pero por algo social para todos los inmigrantes y trabajadores que existen en el país”.
Actualmente, un proyecto de ley bipartidista está en el comité en ambas cámaras del Congreso que tiene como objetivo proporcionar la protección que Irving, Martínez y otros participantes de la manifestación buscan. La Ley de Desarrollo, Socorro y Educación para Menores Extranjeros (DREAM) del 2017 sería una solución permanente y proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para más de 2.1 millones de jóvenes y adultos jóvenes inmigrantes, incluidos 800,000 con estado DACA que han estado en el limbo desde la finalización del programa en septiembre, según información del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (http://bit.ly/2AtDl9p).
La Ley DREAM se aplicaría a los inmigrantes que ingresaron a los EE. UU. antes de los 18 años de edad, han vivido en los EE. UU. durante cuatro años y pueden pasar una verificación de antecedentes, según el centro legal.
Los solicitantes que califican pueden solicitar un estado de residencia permanente condicional. Bajo este estado, tendrían que trabajar, unirse al ejército, obtener un título de educación superior o cumplir con una excepción por dificultades. Después de ocho años, estos inmigrantes obtendrían el estado de residente permanente legal (LPR). Luego de cinco años adicionales con el estado de LPR ellos podrían solicitar la ciudadanía, y los beneficiarios de DACA tendrían un camino más rápido hacia la ciudadanía.
Pero la Ley DREAM también tiene algunas ataduras, explicó Carly Fox, del Centro de Justicia para Trabajadores. Ella dijo que los opositores al proyecto de ley requieren que se cumplan ciertas condiciones a cambio de sus votos, como la financiación de un muro a lo largo de la frontera con México y el aumento de los fondos para la aplicación de la ley en la frontera.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes también se preocupan por otras condiciones que se han propuesto, agregó Fox. Por ejemplo, una propuesta aumentaría de dos a siete años el tiempo de prisión potencial para aquellos que están acusados del delito federal de reingresar ilegalmente a los EE. UU. Después de ser expulsados, dijo ella. Y otra, agregó, aumentaría el número de programas de trabajadores huéspedes que podrían quitarles empleos a los trabajadores que tienen vínculos establecidos desde hace mucho tiempo con este país, pero que carecen de estado legal.
Según el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, el proyecto de ley DREAM no debería ser un rehén para aumentar el financiamiento para operaciones de redadas selectivas o la construcción de más centros de detención.
Y es por eso que los participantes en la manifestación del 6 de diciembre respaldan una “Ley DREAM” Limpia, dijo Fox, señalando que los jóvenes inmigrantes indocumentados “no se usarán como moneda de regateo”.
