GREECE — Adán y Daniel son trabajadores migrantes guatemaltecos que han venido a esta área todos los veranos durante los últimos cuatro años para trabajar para la misma compañía de cortar el césped.
Ellos, que han pedido que no demos sus apellidos, tienen visas H-2, que les permiten trabajar en los Estados Unidos por un periodo específico de tiempo para una determinada compañía. Pero un día a finales de mayo, cuando no tenían sus visas consigo, dijeron que habían experimentado el miedo que es una realidad diaria para los trabajadores indocumentados en este país.
Después de pasar un día recogiendo basura en una sección de una calle de Greece, los hombres dejaron un saco de basura cerca del parqueo de su compañía y continuaron su camino en un camión de la compañía manejado por un compañero de trabajo que no era hispano. Un oficial de la policía de Greece los vio dejar el saco y según los dos hombres, siguió el camión hasta que se detuvo enfrente de la casa de Adán y Daniel.
El Capitán de la Policía de Greece Steve Chatterton le dijo a El Mensajero Católico que los tres trabajadores habían parado su vehículo en medio del tráfico, habían dejado el motor andando, habían botado el saco de basura. Él dijo que esa acción podía ser considerada como una "actividad sospechosa", dando al oficial que subsecuentemente los paró "una causa probable" para hacerle preguntas a los tres hombres.
Los trabajadores dijeron que el oficial detuvo a los tres hombres en el camión y les pidió que mostraran su identificación. No les permitió a Adán y a Daniel que dejaran el vehículo para que pudieran buscar las visas en su casa. Chatterton dijo que les habían pedido su identificación a los hombres porque estaban involucrados en una actividad sospechosa.
"Estuvimos casi una hora enfrente de la casa", dijo Daniel. "En la casa, los teníamos (los papeles)".
Chatterton explicó que a Adán y a Daniel no se les permitió entrar a la casa por la seguridad personal del oficial. La situación también incluyó un problema de comunicaciones, los trabajadores estaban hablando en español y ni su compañero de trabajo ni el oficial hablaban español. Como han hecho en otras ocasiones cuando hay un problema de idiomas, Chatterton dijo que el oficial le pidió ayuda a la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. que tiene una oficina en Pattonwood Drive en Charlotte. Al trabajador no hispano le dijeron que llamara al dueño de la compañía de cortar el césped para que proporcionara copias de las visas de los trabajadores, que los empleadores de trabajadores con visas H2 A deben de tener, según informaciones del departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. Los trabajadores que tienen visas H2 A deben llevarlas consigo siempre.
Cuando cuatro carros de la Patrulla Fronteriza llegaron a asistir, confirmaron que los certificados de las visas que el dueño de la compañía había traído eran válidos y soltaron a los hombres.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza "ayudan no solo con asuntos de inmigración", explicó Chatterton. "Ellos ayudan a traducir para ciudadanos americanos que sean hispanos o que hablen otros idiomas. … Tienen cientos de recursos que nosotros no tenemos. No es raro que nos ayuden".
Todas las partes reconocen que los trabajadores debían haber tenido sus visas consigo. El dueño de la compañía, que no desea que se mencione su nombre, dijo que él ahora verifica que sus trabajadores lleven consigo sus visas.
"Si hubieran tenido consigo las visas, esto hubiera sido una parada de dos segundos", dijo Chatterton. "Ellos hicieron mal y se les dio una oportunidad".
Andrea Callan, una abogada y coordinadora estatal de abogacía para la Unión de Libertadas Civiles de Nueva York, estuvo de acuerdo con que el policía de Greece tenía una causa probable para parar a los hombres, y dijo que no se trataba de un caso de perfil racial, que según ella no ha sido un gran problema en Nueva York, como lo es en otros estados.
Sin embargo, Callan afirmó que este incidente ilustra la falta de demarcación precisa entre la policía local y el departamento de inmigración federal que ha ocurrido debido al incremento de concentración en los inmigrantes en la década pasada. Un informe de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (www.aila.org/content/fileviewer.aspx?docid=36646&linkid=236762)
señala que el incremento de la cooperación local y federal ha tenido un resultado negativo para los inmigrantes, incluyendo a aquellos que han sido deportados tras haber sido detenidos por pequeñas ofensas.
"El problema es que no hay una ley clara que defina donde termina la responsabilidad de la policía local y donde empieza la de la federal", dijo ella. "Todo está muy impreciso ahora".
Adán y Daniel dijeron que ellos no llevaron consigo sus visas, que están presilladas a sus pasaportes, por miedo a perderlas. Ahora, dicen que les da miedo lo que les pasa a los trabajadores que no tienen esa documentación. Ambos dijeron que vienen a trabajar a Rochester de la primavera al otoño para poder mantener a sus familias durante todo el año, ambos tienen esposas e hijos. Adán no pudo estar presente para el nacimiento de un hijo este verano.
"En esos momentos, nos sentíamos como si no valíamos nada", dijo Adán. "Me puse a imaginar como es que tratan a los indocumentados. No se me quita de la mente".
Estos problemas estimulan a los activistas, incluyendo a los miembros de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, a oponerse al Programa Federal de Comunidades Seguras, también conocido como S-Comm, al cual el estado de Nueva York comenzó a participar el año pasado. S-Comm es un programa que comparte huellas digitales entre los departamento de policía locales de todo el país y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas que trata de identificar a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que tienen convicciones criminales.
Durante el verano, el Gobernador Andrew Cuomo decretó una moratoria en la participación del estado al programa para revisar su efectividad.
Subsecuentemente, según la Red de Inmigración Legal Católica (CLINIC, de las siglas en inglés), el departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos informó a Cuomo y a los gobernadores de otros 38 estados que habían firmado un acuerdo para participar en el programa, que ellos no podían darse de bajo del mismo, aunque muchos de ellos habían incluido en sus acuerdos una cláusula que les permitía darse de baja del mismo, por medio de una carta del comité de trabajo sobre comunidades seguras del departamento de seguridad interior (http://cliniclegal.org/sites/default/files.CLINIC%20letter%20to%20task%20force%208-29-11.pdf); CLINIC dijo que para el 2013, el programa nacional S-Comm, que la red dice que desestabiliza a las familias y no supervisa suficientemente las violaciones de derechos civiles, será obligatorio en vez de opcional.
Como respuesta a las preocupaciones de los estados con respecto a la seguridad pública debido al programa S-comm, Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina para Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Interior desarrollaron recientemente un programa para entrenar a las agencias de la ley locales y estatales sobre como funcionan Comunidades Seguras y su prioridad de sacar del país a criminales que han sido convictos y a los que han violado repetidas veces las leyes de inmigración, explicó Ross Feinstein, vocero de Inmigración y Control de Aduanas. Además, las agencias han decretado una nueva norma para proteger a las víctimas de violencia doméstica y otros crímenes y para mejorar los derechos civiles, basándose en un análisis estadístico y en nuevo proceso para quejarse por violaciones de los derechos civiles.
"Estas medidas ayudarán a garantizar que Comunidades Seguras sea operada de una manera que se avenga a la aplicación de las leyes y normas sobre derechos y libertades civiles", dijo Feinstein en un correo electrónico.
Las últimas acciones de Inmigración y Control de Aduanas, incluyendo la formación de un comité de consejo que excluye la membresía de activitas de abogacía – una afirmación que negó Feinstein, son únicamente para acallar críticas, según el Dr. John "Lory" Ghertner, un miembro de los Servicios de Apoyo a los Migrantes del Condado de Wayne y de Acción para Igualdad Racial de Wayne. Por medio del miedo y la intimidación, dijo él, la policía les ha quitado a los trabajadores migrantes el derecho protegido por la Primera Enmienda de ir a la iglesia y el derecho protegido por la Cuarta Enmienda de protección contra registro y detención ilegales.
S-Comm "prácticamente da carta blanca para detener a alguien por cualquier razón, llevarlo a la cárcel, y pasar el caso inmediatamente a Inmigración y Control de Aduanas.
Para dar a conocer este problema, él ha organizado una serie de talleres dirigidos por un experto en Historia Americana y Leyes Constitucionales que tendrán lugar el mes que viene.
Callan dijo que S-Comm es una barrera para que los inmigrantes tengan una interacción con la policía cuando son víctimas de crímenes o cuando son testigos de crímenes. Ella citó el caso de una mujer en California que había sido atacada repetidas veses pero a quien acusaron de asalto por defenderse durante uno de los ataques y que fue luego deportada debida a S-Comm.
"S-Comm viola la confianza del público de manera que los miembros de la comunidad, especialmente los imigrantes, tendrán miedo de involucrarse de ninguna manera con los agentes de la ley porque eso podría llevarlos a ser detenidos y deportados", dijo Callan.
Por eso, explicó ella, el programa pone en peligro la vigilancia que se basa en relaciones entre la policía y la gente a quienes ellos sirven. Como resultado, informaciones importantes en casos criminales, no serán reportadas.
"Si yo soy indocumentado no pondré los pies en una agencia de la policía".
¿Deseamos verdaderamente que nuestras comunidades inmigrantes vivan escondidas y con miedo?", añadió ella. "Eso es lo que estamos tratando de prevenir y evitar".
