Por Beth Griffin
Catholic News Service
NUEVA YORK (CNS) — Los líderes y las universidades católicos deben ?salir de las sombras? y tomar un rol significativo en educar a aquellos que están ambivalentes o indecisos acerca del asunto de la reforma abarcadora de inmigración, según el cardenal Roger M. Mahony de Los Ángeles.
?Nosotros mismos somos una iglesia inmigrante desde los días de la fundación de la república?, dijo el cardenal en una presentación del 3 de mayo en la universidad Fordham en Nueva York, operada por jesuitas.
?La experiencia inmigrante es la nuestra propia?, él añadió. ?Debemos estar delante y en el centro liderando la acción para la reforma de inmigración, no sólo porque es una cuestión de justicia, sino también porque es parte de nuestra identidad como iglesia?.
El cardenal Mahony dijo que el propio Cristo ?era predicador ambulante sin lugar donde poner su cabeza? y ?refugiado que huyó del terror de Herodes?.
?Cuando acogemos al recién llegado lo acogemos a él?, él dijo. ?Necesitamos hacer más para asegurarnos que no nos tornemos en una nación que trata a aquellos que parecen extranjeros como sospechosos a ser investigados, hasta arrestados, meramente en base de su aspecto?.
El cardenal Mahony, miembro del Comité Sobre Migración de los obispos estadounidenses, dijo que la reforma de inmigración se ?había estado apartando de la agenda legislativa en la niebla de la incertidumbre y la inacción? hasta el 23 de abril, cuando la gobernadora de Arizona firmó un abarcador proyecto legislativo de inmigración orientado a identificar, procesar y deportar los inmigrantes ilegales.
El cardenal Mahony caracterizó la ley como ?la legislación más regresiva, mezquina e inútil contra la inmigración del país?. Él dijo que la firma de la ley por parte de la gobernadora Jan Brewer ?ha ayudado al revigorizar el movimiento de reforma abarcadora de inmigración e hizo claro las consecuencias de no arreglar el quebrado sistema de inmigración de la nación?.
Él dijo que la ley de Arizona usa ?lenguaje vago e irritante? para describir bajo cuáles circunstancias puede una persona ser requerida de comprobar su estado legal. La ley permite que el policía pare a personas si hay ?sospecha razonable? de que están en el país ilegalmente, pero el cardenal Mahony dijo: ?Nadie en ninguna oficina importante de Arizona está dispuesto a publicar una página de criterios para definir sospecha razonable?.
La carencia de claridad acerca de la aplicación de la ley ha diseminado ?temor y miedo? en toda la comunidad inmigrante y ha traído al asunto un ?sentido renovado de energía y urgencia?, él dijo.
El cardenal Mahony dijo que la polarización extrema del debate de inmigración es ?tóxica para nuestro sistema?. Él pidió apoyo bipartidista a la legislación federal de inmigración, la cual podría ser firmada por el presidente Barack Obama ?más temprano que tarde?.
?Una característica central de la reforma debe ser sacar de las sombras a los 12 millones de inmigrantes indocumentados y ofrecerles una vía segura hacia el estado legal?, él dijo. ?A cambio esto los inmigrantes aprenderían inglés, pagarían una multa y trabajarían durante varios años antes de ganarse el derecho a recibir el estado legal permanente?.
El cardenal Mahony dijo que no estaba abogando por la amnistía, sino por ?una vía hacia adelante, la cual requerirá sacrificios enormes de parte de los inmigrantes a cada paso del camino?.
?Nadie está pidiendo fronteras abiertas ni inmigración sin cotejo?, él dijo.
Él dijo que la reforma debe también incluir cláusulas para permitir que más trabajadores emigrantes entren a Estados Unidos legalmente y para mejorar el sistema de reunificación familiar.
El cardenal Mahony dijo que las familias que tienen estados mezclados, con combinaciones de miembros ciudadanos estadounidenses, documentados e indocumentados ?no se están yendo. Saquémoslos de las sombras?.
Promulgar una reforma abarcadora de inmigración tiene sentido económico, dijo el cardenal Mahony. Él citó un informe de enero del 2010 emitido por Center for American Progress que predice un aumento por $1.5 millones de millones en producto interno bruto acumulativo durante 10 años si las políticas de inmigración de aplicación solamente fueran reemplazadas por unas que enfaticen más poder para los trabajadores, el estado legal y los derechos laborales.
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