La justicia social estimula al nuevo defensor público

Cuando era muchacho, Tom Kidera aprendió lectura, escritura, aritmética y ajedrez en la clase de quinto grado de la Hermana Marie Albert Alderman en la Escuela Inmaculada Concepción en Ithaca. Pero fueron las lecciones sobre derechos civiles y justicia social las que recordó más a través de los años, confió recientemente Kidera a Catholic Courier.

Kidera fue nombrado hace poco director de la nueva oficina del defensor público del Condado de Ontario. Kidera será responsable de establecer y de dirigir la oficina que será instalada paulatinamente en dos años.

"Es poco usual poder llegar desde el principio y fijar las normas y el ambiente de la oficina. Lo estoy anticipando con ansias", dijo Kidera, que actualmente es asistente del procurador general estatal. Él comenzó su nuevo cargo el 9 de noviembre.

Kidera, que es católico, es hijo del antiguo Presidente de la Universidad Nazareth, Robert Kidera, y es uno de seis hermanos. Él fue a la Escuela y a la Parroquia de la Inmaculada Concepción y luego se graduó de la Universidad Fordham y de la Escuela de Leyes Columbus de la Universidad de América. Antes de asumir su puesto de asistente del procurador general estatal, Kidera trabajó por seis años en la Oficina del defensor público contra la pena de muerte del Estado de Nueva York, donde defendió a clientes que confrontaban la pena de muerte y para la oficina del defensor público del Condado de Monroe por 18 años.

Kidera da crédito a su educación católica, a sus padres y a la Hermana Alderman, por cultivar su preocupación por los que no están bien representados y por las personas pobres que él ha servido como defensor público. El recordó que la Hermana Alderman empezó a enseñar a la clase de Kidera, justo después de haber sido transferida a Ithaca de Selma, Alabama, donde había estado involucrada activamente en ayudar a los afroamericanos a obtener sus derechos civiles.

"Ella nos hacía muchas historias sobre eso", dijo Kidera. "Me abrió los ojos a lo que veía en las noticias, que se refería al movimiento a favor de los derechos civiles en aquella época. Ella influyó en la formulación de una perspectiva política para tratar de ser activo a favor de los pobres y las minorías".

Kidera planea seguir sirviendo a los pobres y las minorías por medio de su nueva posición. Hasta ahora, el Condado de Ontario ha contratado a abogados privados, caso por caso, para representar a las personas acusadas de crímenes que no pueden pagar por su defensa. La adición de una oficina de defensor público ayudará a asegurar que los acusados reciban la representación a la que tienen derecho, dijo Kidera.

"Mi meta principal es establecer una oficina que pueda servir como equilibrio institucional a la oficina del fiscal. Todo sistema de justicia criminal necesita tener ese tipo de balance. Necesitamos asegurar que los casos sean tratados justamente y que todos los diferentes grupos de constituyentes tengan una voz", dijo él.

Los abogados que empleará la oficina de Kidera trabajarán únicamente en casos criminales, por lo tanto, probablemente adquirirán un alto nivel de pericia que resultará beneficioso para los acusados y para el condado de Ontario, dijo Kidera.

"No solamente se mejorará la calidad de la representación, sino que será una manera efectiva de controlar los costos. Pienso que cuando uno lo considera a base de caso por caso, resultará más barato tener una oficina de defensor público", añadió él.

Al principio, la oficina tendrá gastos de iniciación, dijo Kidera, pero después de unos pocos años le ahorraremos dinero al condado. Como los defensores públicos se concentrarán únicamente en casos criminales trabajarán probablemente de manera más eficiente de lo que pudieran hacer los abogados privados, reduciendo el número total de abogados necesarios para defender a los acusados, comentó él.

"Mientras más experiencia tenga uno, más casos puede manejar en un tiempo determinado. No hay que volver a inventar la rueda en cada ocasión", dijo Kidera.

El personal de la oficina del defensor público, podrá apoyarse mutuamente durante los momentos difíciles, tal como cuando la opinión pública está completamente en contra de un acusado. Ese fue el caso en el 2000, cuando, como un abogado de la Oficina del defensor Público del Condado de Monroe, Kidera representó a José Julián Santiago, que fue encontrado culpable de matar a dos jóvenes y de herir a tres miembros de la familia de los muchachos. Durante el juicio, Kidera urgió a los miembros del jurado a que fueran misericordiosos con Santiago y lo condenaran a la prisión por toda la vida en vez de a la pena de muerte, cosa que hicieron finalmente. La opinión pública en aquella época estaba a favor de la pena de muerte porque el crimen había sido tan horrible, recordó Kidara.

Durante parte de ese juicio, Kidara encontró consolación en la presencia del Obispo Mateo H. Clark en la corte. El obispo visitó el juzgado un día para mostrar a la vez su apoyo a las familias de las víctimas y la oposición de la Iglesia Católica a la pena de muerte.

"Básicamente, él estaba dando testimonio de lo que creía sobre la santidad de la vida. Tuvo una influencia positiva en el equipo del juicio y en la defensa. Fue un testimonio muy fuerte, sin tener que decir nada", recordó Kidera.

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