José Francisco de Honduras lleva a su hija de 8 años, Zuabelin, de la mano el 22 de noviembre de 2021, mientras participaban en una caravana cerca de Villa Mapastepec, México, en rumbo a la frontera con Estados Unidos. José Francisco de Honduras lleva a su hija de 8 años, Zuabelin, de la mano el 22 de noviembre de 2021, mientras participaban en una caravana cerca de Villa Mapastepec, México, en rumbo a la frontera con Estados Unidos. (Foto CNS por José Luis González/Reuters)

Al final de 2021, poco ha cambiado en temas de inmigración

WASHINGTON (CNS) — Al parecer, el año 2021 terminará como comenzó para la mayoría de los inmigrantes y sus defensores.

Primero vino el golpe más reciente del fallo de la parlamentaria del Senado diciendo que la reforma migratoria debe ser excluida del proyecto legislativo propuesto por el presidente. Otro golpe sucedió cuando tribunales ordenaron que se siga implementando un programa que impide que los migrantes buscando asilo que ingresen al país. Con los dos obstáculos, el año ha terminado con mucha frustración en asuntos que afectan a inmigrantes.

Desde enero — mes que vio a Joe Biden asumir el cargo mas importante de la nación — hubo mucha esperanza y optimismo entre los defensores de la inmigración de que el nuevo presidente acabaría con algunas de las prácticas más controversiales que había instituido la administración de su predecesor, Donald Trump.

Casi inmediatamente tras ser juramentado, Biden anunció una pauta para la mayoría de las deportaciones durante sus primeros 100 días como presidente. También suspendió una política que mandaba a México a migrantes buscando asilo en EE.UU., hasta que sus casos pudieran ser escuchados en los tribunales de inmigración de Estados Unidos y anunció que respaldaría una reforma migratoria.

Organizaciones católicas — que se habían opuesto a medidas restrictivas y tenían poca esperanza de una reforma migratoria bajo la administración de Trump — aplaudieron al nuevo presidente, quien también les había animado a participar en conversaciones con su equipo de transición sobre cómo colaborar en el camino.

Sin embargo, lo que parecía ser vientos de cambio se calmaron rápidamente.

A medida que los migrantes comenzaron a dirigirse en mayor número hacia la frontera sur a principios de año, quizás animados por lo que inicialmente parecía ser un ambiente más amigable, los funcionarios del gobierno comenzaron a repetir un mensaje que sonaba como una continuación de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

“La frontera está cerrada. Estamos expulsando familias. Estamos expulsando a adultos solteros”, indicó Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un programa nacional de noticias dominicales en marzo.

A este mensaje le siguió uno similar de Kamala Harris durante su primer viaje oficial como vicepresidenta a Guatemala y México.

“No vengan. No vengan”, expresó Harris el 7 de junio en Centroamérica. “Estados Unidos seguirá aplicando nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras. Si vienen a nuestra frontera, tendrán que retroceder”.

Desde entonces, han habido batallas judiciales sobre los esfuerzos de la administración para eliminar ciertas restricciones, así como crecientes obstáculos políticos a la reforma.

Recientemente, se restituyó los Protocolos de Protección al Migrante — a menudo conocida como la política “Quédate en México” porque mantiene a solicitantes de asilo en territorio mexicano — una de las políticas que la administración trató de eliminar.

Aunque el gobierno había puesto fin a esta norma, se vio obligado a reiniciarla nuevamente a principios de diciembre después de que un tribunal dijera que los funcionarios no lo habían terminado correctamente. La Corte Suprema estuvo de acuerdo con el fallo; el 13 de diciembre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos bloqueó el esfuerzo más reciente de la administración de Biden para ponerle fin.

Aunque había nacido un rayo de esperanza para la reforma migratoria incorporada en la ambiciosa legislación social de Biden, la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, una intérprete no partidista de reglas sobre cómo se puede utilizar una disposición en la legislación del Senado, asestó el 16 de diciembre un nuevo golpe al plan migratorio.

Los demócratas esperaban incluir reforma migratoria en el proceso del proyecto de ley de reconciliación presupuestaria. Aunque las disposiciones no hubieran llegado a otorgar la residencia permanente, un paso antes de la ciudadanía, una de las propuestas hubiera permitido permisos de trabajo temporales para casi 7 millones de personas que se encuentran en el país sin permiso legal. Se hubiera impedido que fueran deportadas y se les hubiera permitido viajar.

Pero la parlamentaria dijo que lo que demócratas presentaron no era muy diferente a otras propuestas que ella había rechazado anteriormente.

“Estos son cambios sustanciales de política con efectos duraderos, como los que consideramos anteriormente, y superan el impacto presupuestario”, escribió MacDonough, explicando el último fallo en contra del plan.

Defensores de inmigración que alguna vez midieron cuidadosamente sus palabras de decepción contra una administración que muchos consideraron como compañeros en la lucha ahora han criticado públicamente lo que ven como una continuación de las políticas del expresidente Trump; esta vez por parte de funcionarios de Biden.

A principios de diciembre, más de 80 religiosas católicas marcharon frente a la Casa Blanca, protestando la continuación de las restricciones a la inmigración mientras la caravana del presidente pasaba cerca.

“Como personas que buscan justicia, como estadounidenses, pero especialmente como católicos, nos avergüenza que el presidente Biden haya cerrado la puerta de nuestra frontera sur a nuestros hermanos inmigrantes”, señaló Ronnate Asirwatham, directora de relaciones gubernamentales de Network Lobby for Catholic Social Justice, quien se unió a las religiosas en su manifestación del 3 de diciembre.

En octubre, los defensores de los inmigrantes abandonaron una reunión en línea con funcionarios del gobierno de Biden para dar a conocer su descontento por la decisión de reiniciar la política “Quédate en México”.

Ellos también criticaron y expresaron su indignación por el trato a los migrantes haitianos en la frontera sur en septiembre, luego de que circularan videos de agentes fronterizos a caballo tratando de hacer que un grupo de inmigrantes, en su mayoría haitianos, regresaran al lado mexicano a lo largo de un río.

Defensores católicos de los inmigrantes han utilizado el Adviento como una ocasión para reclamar a la administración sobre sus expulsiones, particularmente de haitianos, comparando a aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos con la Sagrada Familia.

La hermana franciscana Marie Lucey, directora adjunta de la Red de Acción Franciscana, imploró a la administración de Biden el 17 de diciembre que otorgue a las familias haitianas “refugio de situaciones horribles”.

“Sí, el aumento de migrantes presentes en la frontera es un desafío. Pero Estados Unidos no es un país pequeño e indefenso. Podemos enfrentar los desafíos si tenemos la voluntad”, acotó.

Sin embargo, algunos se preguntan si la administración tiene la voluntad política para lidiar con una posible reacción que podría resultar de la reforma migratoria.

La campaña Welcome with Dignity (Bienvenida con Dignidad), una coalición que incluye grupos religiosos, dijo anteriormente que el gobierno está jugando a la política con la vida de las personas. Algunos se preguntan si los demócratas y la administración está preocupados que perderán escaños en las elecciones intermedias del próximo año, si es que parecen demasiado blandos con temas de inmigración.

Sin embargo, el senador Richard J. Durbin, un demócrata de Illinois, que ha estado trabajando en el plan de reforma migratoria, dijo que la lucha aún no ha terminado. Y dijo que el partido seguiría intentando encontrar un camino a través del proyecto legislativo de gasto social.

“Buscaremos todos los medios para lograr un camino hacia la ciudadanía en la Ley Build Back Better”, expresó en un comunicado de prensa del 17 de diciembre.

Pero cuando el senador Joe Manchin, demócrata de West Virginia, dijo el 19 de diciembre que no podía apoyar el proyecto, incluso sin una reforma migratoria, las posibilidades de que se tomara alguna medida para ayudar a inmigrantes en el 2021 terminaron.

La coalición bipartidista de inmigración empresarial estadounidense, conocida como ABIC por sus siglas en inglés, en un comunicado de prensa del 17 de diciembre, instó al Congreso a hacer algo rápido, no por ayudar pero por razones económicas.

En el comunicado, la organización dijo que “la escasez de mano de obra y el aumento de los costos para los consumidores en la economía actual solo empeorarán a menos que las reformas migratorias se aprueben de inmediato”.

Bob Worsley, el copresidente de la organización y ex senador estatal republicano de Arizona, les dijo a los demócratas que buscaran la fuerza moral para avanzar.

“Ignoren a la parlamentaria y consigan que se apruebe este proyecto de ley. Esto nos va a matar en el mundo real, con inflación y falta de obreros en casi todos los campos, en hoteles, atención médica, en todas partes, estamos sufriendo por mano de obra. Necesitan hacer esto”, dijo.

Pero a medida que 2021 termina, solo la incertidumbre aparece en el horizonte sobre lo que traerá el nuevo año.

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