Por Catholic News Service
CHOLUTECA, Honduras (CNS) — Los departamentos hondureños sureños de Choluteca y Valle están bordeados de playas de arena volcánica oscura y mangles que bullen con langostinos gigantes y ostras.
En medio de este delicado ecosistema en el Golfo de Fonseca, Honduras, El Salvador y Nicaragua han luchado durante siglos por parches de tierra y diminutas islas escasamente habitadas en un brillante mar azul oscuro que es hogar de considerable biodiversidad.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández ha lanzado un programa nuevo, "Llegó la Hora del Sur" y ha declarado un nuevo "polo de desarrollo de América Central" la región que una vez se consideraba poco más que un lejano puesto rocoso y propenso a la sequía.
Pero las comunidades están clamando la ayuda de la iglesia mientras confrontan los planes de una "ciudad constituida" de libre comercio y una fiebre de oro que estas creen que suenan dobles de campana para la región.
En julio del 2014 un conducto minero en un laberinto de túneles subterráneos de una mina de oro en San Juan Arriba, en Choluteca, colapsó enterrando 11 mineros matando a ocho. Cuatro años antes, una autoridad gubernamental minera ahora desbandada había advertido que la mina era peligrosa y debía cerrarse, pero no se hizo nada.
"Hubo una abrumadora exigencia de parte de las comunidades afectadas por nuevas concesiones mineras que contaminan el ambiente y pisotean sus derechos", dijo Juan Gabriel Mendoza, coordinador de un proyecto de Caritas Choluteca que provee entrenamiento y apoyo a comunidades en nueve municipios.
Él añadió que "el 98 por ciento de la población no conoce sus derechos a consulta y a consentimiento informado antes de operaciones mineras".
Hasta ahora 153 líderes han recibido entrenamiento en derechos humanos y leyes ambientales. La encíclica papal "Lautato Si’, Sobre el cuidado de la casa común" es lo próximo en el currículo. El entrenamiento y otras actividades son llevados a cabo en coordinación con unos 30 sacerdotes locales activos en el movimiento ambientalista, con el apoyo del obispo Guy Charbonneau de Choluteca, nativo de Quebec.
"La iglesia nos abrió los ojos", dijo Lourdes Oneyda, maestra de El Transito, villa en las afueras de Nacaome, quien dice que los planes de atraer inversión se reducen a "regalar el país en bandeja".
Oneyda, líder comunitaria, ha sido acusada de entrada ilegal y daños a propiedad privada por el dueño de una mina de oro artesanal local. Los residentes reclaman que las explosiones de dinamita durante todo el día y toda la noche están agrietando las paredes de sus casas y que el mercurio usado para extraer el oro de la piedra está dañando el medio ambiente. Ellos han hecho manifestaciones alrededor del lugar de la mina y el párroco de Nacaome, padre Vicente Rueda, ha celebrado Misa allí. Para evitar detención, Oneyda y otros siete acusados tienen que firmar un registro en el tribunal de Nacaome.
Ayudada por Caritas Choluteca, la comunidad ha presentado acusaciones contra la dueña de la mina, María Gertrudis Valle, por operar sin los permisos necesarios. Desde que se presentó la demanda judicial las excavaciones diarias se han detenido y el procurador de Choluteca fue remplazado repentinamente.
Oneyda asistió recientemente a una reunión patrocinada por el Vaticano para comunidades afectadas por la minería. Su asistencia fue facilitada por el obispo Charbonneau, cariñosamente conocido como obispo Guido, a quien la comunidad local ha comparado con "nuestro propio papa Francisco".
Caritas también está apoyando la votación comunitaria sobre los proyectos mineros. En la comunidad San Martín, en Choluteca, la gente votó recientemente 537 a 1 en contra de otra mina de oro artesanal que opera sin permiso en medio de la comunidad. Una reunión subsiguiente con Mauricio Oliva, presidente del congreso hondureño y nativo de Choluteca, hasta la fecha no había producido resultados.
Las nuevas concesiones mineras son parte del plan de crear una ciudad constituida en el estratégico puerto de Amapala. Conocidas como Zonas para el Desarrollo Económico y el Empleo, las zonas son modeladas como iniciativas similares en Singapur y China. Su propósito es atraer inversión ofreciendo ambientes libres de impuestos y suspendiendo la policía y los tribunales hondureños en la zona; los inversionistas pueden traer los suyos propios. Las zonas serán supervisadas por un comité internacional de "las mejores prácticas".
Pedro Canales, catequista y uno de los 5,400 residentes de la isla Zacate Grande en el golfo, teme que la ciudad constituida pueda anunciar el fin de su comunidad.
"La tierra aquí vale millones para los desarrolladores de una ciudad constituida", dijo Canales, quien junto con 30 otros ha estado embrollado en una batalla legal de 16 años contra la rica familia Facusse, una de las 17 familias que según se dice controlan Honduras.
La familia de Canales ha estado sembrando en esta isla desde que su madre llegó desde El Salvador hace 83 años y se casó con el padre de él. Aquí nadie tiene título de su propiedad pero, por ley, cualquiera que haya trabajado la tierra durante 10 años o más tiene derecho a quedarse en esta.
Pero la familia Facusse reclama que el título de propiedad otorgado por el gobierno a sus ancestros en 1898 sobrepasa los derechos agrarios acostumbrados. Los alegados intrusos, que nunca han vivido en ningún otro lugar que en los 1,380 acres de terreno en disputa, son obligados por el tribual a tomar un bote de remos hasta una isla vecina mensualmente para firmar un registro del tribunal.
"El caso no se está moviendo", dijo Pedro Landa del la fundación ERIC, entidad analista operada por los jesuitas. "Solamente se mueve cuando las familias ricas que controlan todo en la región le dicen al juez que puede avanzar".
