Por David Agren
Catholic News Service
MEXICO CITY (CNS) — Un editorial de la Arquidiócesis de Ciudad de México hizo un llamado al gobierno mexicano a determinar por fin la suerte de 43 estudiantes y dijo que la frecuentemente cuestionada investigación oficial no era convincente, demuestra los peores defectos de las instituciones judiciales del país y profundiza el descontento social en el país.
"El caso Ayotzinapa — nombrado por la escuela de los estudiantes en el estado de Guerrero — entra en una nueva etapa. Conviene a la presente administración (del presidente) dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito", dice el editorial publicado el 1 de mayo en la publicación arquidiocesana Desde la Fe. "El tiempo pasa y los 43 (estudiantes) son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos".
El editorial vino después de la partida de México el 30 de abril del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que describió la investigación oficial como chapuceada, incompleta y dependiente de testimonio obtenido mediante la tortura.
Los estudiantes fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías que alegadamente actuaron en conspiración con criminales mientras los estudiantes se habían apoderado de autobuses en la ciudad de Iguala para viajar hacia protestas en Ciudad de México. La investigación oficial, llamada
"La verdad histórica" por un ex procurador general — insiste en que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en un infierno de toda una noche en un basurero.
Los expertos externos, invitados para esclarecer el caso, no encontraron evidencia de fogata, mientras que ninguno de los restos descubiertos en el basurero coincidían con los estudiantes desaparecidos. Los expertos también dijeron que el gobierno federal impidió su investigación al no cooperar, denegando acceso a personas que potencialmente tienen información — como soldados que sabían del ataque contra los estudiantes pero no intervinieron — y no condenando una campaña de acoso en la prensa que está a favor del gobierno.
"El GIEI ha sido sometido a una fuerte campaña mediática que ha incluido numerosos ataques e intentos de descalificación personal a sus miembros", lee el informe final. "Esas acciones muestran que existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad…".
El gobierno mexicano se mantiene firme en su investigación original y dice que proveyó todo lo que los expertos necesitaron y que trabajó estrechamente con ellos. Aun así, ningún funcionario oficial asistió a la presentación del informe final.
El caso de los estudiantes desaparecidos ha causado consternación en México y ha atraído enorme atención internacional. Este también lanzó en caída la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, ya que él fue lento en responder a la tragedia y estuvo en Iguala unos 500 días después de los ataques para un evento celebrando a la milicia, advirtiendo sobre la inestabilidad política y omitiendo las familias de las víctimas.
Varios analistas y algunas personas cercanas a las familias de las víctimas dicen que vieron intentos de socavar sutilmente la investigación, por razones desconocidas, e intentos de girar la opinión pública en contra de los investigadores externos.
"En vez de confrontarlos y decirles ‘a ustedes no se les permite investigar’, la táctica del gobierno ha sido desacreditarlos diciendo que estos (hallazgos) son inventos, que son ineptos, que ellos no hacen un buen trabajo", dijo Ilan Semo historiador político en la Universidad Iberoamericana, operada por los jesuitas.
"Ellos se van como enemigos. Se van como los que cuestionaron al gobierno", dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, operado los jesuitas, que trabajó con las familias de los estudiantes. "Ellos han sido expulsados del país".
