Nicaragüenses exiliados en Costa Rica marchan en San José, Costa Rica, el 7 de noviembre de 2021, para protestar las elecciones presidenciales en Nicaragua. Siete candidatos presidenciales fueron descalificados y figuras de la oposición fueron arrestadas antes de que el presidente Daniel Ortega declarar victoria en las elecciones Nicaragüenses exiliados en Costa Rica marchan en San José, Costa Rica, el 7 de noviembre de 2021, para protestar las elecciones presidenciales en Nicaragua. Siete candidatos presidenciales fueron descalificados y figuras de la oposición fueron arrestadas antes de que el presidente Daniel Ortega declarar victoria en las elecciones. (Foto CNS por Mayela López/Reuters)

CELAM busca explicar que ‘la política es una forma de vivir la fe cristiana’

CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — La policía patrulla regularmente fuera de la parroquia donde Monseñor Carlos Áviles celebra misa en Managua, Nicaragua. Él dice que esto un acto de “intimidación” por su forma franca de referirse sobre asuntos políticos. Sin embargo, este acto encaja con el patrón de hostigamiento contra la Iglesia Católica en Nicaragua por parte de un gobierno que ha calificado a sacerdotes como “terroristas”.

Siete candidatos presidenciales fueron descalificados y figuras de la oposición fueron arrestadas antes de que el presidente Daniel Ortega ganara las elecciones presidenciales el 7 de noviembre. Monseñor Áviles, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, calificó este proceso de “totalitario”.

Lo que está sucediendo en Nicaragua muestra la inquietante tendencia de retroceso democrático en América Latina, donde líderes autoritarios y autocráticos están aumentando, los partidos políticos se debilitan y caen en el descrédito, y los candidatos que persiguen agendas antisistema están ganando el poder. Mientras el consejo de obispos latinoamericanos, o CELAM, se reúne en México del 21 al 28 de noviembre, una parte importante del programa es cómo enfrentar el declive de la democracia, un proceso impulsado por partidos y líderes de izquierda y derecha.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien habla favorablemente del régimen militar, ya ha sembrado dudas sobre el resultado de las elecciones generales programadas para octubre de 2022. El gobierno de Venezuela ha mantenido elecciones simuladas y perseguido a opositores. Por su parte, líderes de Bolivia y Honduras han ganado casos en las cortes supremas de sus respectivos países para obtener el derecho a buscar la reelección — a pesar de las prohibiciones constitucionales — medidas que llevaron a elecciones disputadas y violencia.

“Hay una tendencia autoritaria en ambos lados del espectro”, expresó el padre jesuita Mauricio García Durán, director ejecutivo del Servicio Jesuita a Refugiados Colombia. “Hay desafíos complejos en el sentido de que los gobernantes realmente no creen en la participación democrática real”.

En una entrevista, el arzobispo peruano Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del CELAM, dijo a Catholic News Service: “Cuando hablamos de fortalecimiento (de la democracia) significa que hay una debilidad, y ciertamente ese es el caso en muchos países . . . Aunque (la democracia) es el mejor sistema, y la iglesia así lo cree, es débil y, en muchos países, mucho más débil aún”.

Una encuesta reciente de Latinobarómetro, que mide las actitudes en América Latina, señaló que en el 2018, 48 por ciento de personas en la encuesta dijeron que apoyan la democracia — comparado con 63 por ciento en 2010.

La situación presenta enigmas para la Iglesia Católica en América Latina. En algunos países — como Chile y México — obispos han formado lazos estrechos con las élites, que posteriormente fueron expulsados de sus cargos o cayeron en descrédito. En otros países, los políticos evangélicos reclaman cargos electos, especialmente en las legislaturas, y amenazan la influencia de los líderes católicos en la esfera política.

El papa Francisco ha exhortado a los católicos seguir un enfoque pastoral de mantener parroquias en las periferias, buscar la protección de los derechos humanos, y alzar la voz para enfrentar injusticias sociales. Sin embargo, este no siempre es un lugar cómodo para los líderes de la iglesia, quienes consideran que plantear estos temas puede generar conflictos con las élites políticas. Observadores dicen que es un entorno cada vez más competitivo, ya que las congregaciones evangélicas ganan terreno con los pobres.

“En nuestra región, a pesar de los avances en la participación política y social, ‘la convivencia armónica y pacífica se está deteriorando muy gravemente en muchos países'”, dice el documento preparatorio de la asamblea del CELAM, citando el documento publicado de su asamblea de Aparecida de 2007. El papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, encabezó el comité de redacción de dicho documento.

“La participación en la revitalización del tejido social es propia de los cristianos debido a que somos corresponsables del bien común”, decía el documento preparatorio. “Por lo tanto, es una tarea urgente para nosotros participar y trabajar por la maduración de los sistemas políticos y sociales de nuestros pueblos . . . para que los sistemas políticos estén verdaderamente al servicio de las personas y su desarrollo integral”.

El papel de los católicos en la promoción de la democracia a menudo ha sido irregular, según dicen los prelados. La triste realidad se refleja tanto en la abundancia de políticos que profesan el catolicismo, pero son acusados de corrupción o de pisotear los derechos humanos, tomando ventaja de la pasividad de ciudadanos, que siguen vicios como la compra de votos o toleran una mala gobernanza.

“Hay una gran falta de formación política”, manifestó el cardenal Álvaro Ramazzini de Huehuetenango, Guatemala. “Nosotros mismos, viniendo de la doctrina social de la iglesia, más o menos intentamos hacer algo.

“Pero (es) difícil para (la gente) entender que la política es una forma de vivir la fe cristiana y, en ese sentido, nuestras democracias son muy débiles”.

Observadores atribuyen gran parte del desencanto a la falta de resultados.

“Durante años, la región ha visto disminuir el apoyo público a la democracia, alimentado por la frustración generalizada por un lento crecimiento, la obstinada desigualdad, y la corrupción”, acotó Benjamín Gedan, subdirector del Programa para América Latina del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, con sede en Washington. “No se debe exagerar el retroceso democrático de América Latina”, agregó, señalando tendencias como la creciente militarización de la seguridad pública, el uso de la pandemia como pretexto para frenar las protestas, y el impedimento del periodismo independiente.

“La democracia trajo ilusiones de una sociedad más justa. Esto simplemente no ha sucedido”, indicó Ilán Semo, historiador de la Universidad Iberoamericana, dirigida por jesuitas en la Ciudad de México.

Intervenir en política, o ser visto como del lado de las élites, puede resultar problemático para la iglesia. En Honduras, los obispos se dividieron al condenar el golpe de 2009. Los años resultantes llevaron a una pérdida de credibilidad, aunque las recientes declaraciones han sido “muy contundentes contra una clase política, que no ha estado atenta a los problemas nacionales”, señaló el padre Germán Calix, exdirector de Cáritas Honduras.

El panorama político parece sombrío en la región. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha consolidado el poder en la presidencia, al tiempo que subordina los tribunales y el Congreso y persigue a periodistas y actores críticos de la sociedad civil.

En los últimos años, Guatemala eliminó un mecanismo internacional para combatir la impunidad, después de que las élites del país fueran sometidas a un escrutinio judicial sin precedentes. El país ha sido criticado por socavar el estado de derecho, pero también por su mal manejo de la pandemia y su incapacidad de poner en marcha campañas de vacunación.

“Puedo mencionarme a mí mismo como uno de los desencantados con este gobierno”, afirmó el cardenal Ramazzini.

La iglesia en algunos países está alzando más fuerte la voz. Este año, los obispos de Guatemala reprendieron la destitución del fiscal especial contra la impunidad del país y exigieron que los migrantes deportados de Estados Unidos no fueran arrojados en llanos selváticos remotos en la frontera entre México y Guatemala. Los obispos de México también se han pronunciado sobre el tema migratorio.

Sin embargo, la intervención conlleva riesgos. En Bolivia, los obispos fueron invitados por el partido gobernante para mediar durante el fin del conflicto postelectoral de 2019, en el que el presidente Evo Morales se adjudicó la victoria en una votación plagada de irregularidades. El acuerdo ayudó a poner fin a las protestas violentas y permitió la instalación de una presidenta interina, una figura que resultó polémica. Después de que el partido de Morales regresara al poder democráticamente con un líder diferente en 2020, el nuevo gobierno acusó a la iglesia de participar en un golpe.

El periodista boliviano Rafael Archondo atribuyó la contienda electoral del país a que Morales buscaba un cuarto mandato tras perder un referéndum sobre el tema. “Es una tradición en América Latina tener un líder que se ve a sí mismo como insustituible”.

Nicaragua también tiene un líder que se considera insustituible. Después de que estallaron las protestas a principios de 2018 y la gente exigió la destitución de Ortega, los obispos de Nicaragua facilitaron las conversaciones. Sin embargo, el proceso se vino abajo porque Ortega no mostró interés en acceder a las demandas de nuevas elecciones.

La situación se volvió tan tensa que el obispo auxiliar Silvio José Báez, quien es abiertamente crítico de Ortega, se vio obligado a huir del país. Posteriormente, se arrojó un artefacto explosivo en la capilla de la Sangre de Cristo de la catedral de Managua. Incluso el Ministerio de Salud ordenó el cierre de un programa COVID-19 administrado por la diócesis.

“Quiero ser sacerdote. Quiero dar clases de catecismo. Quiero celebrar misa. Pero cuando afecta a mi rebaño . . . tenemos que hablar y decir algo”, Monseñor Áviles dijo a CNS.

“No es que estemos entrometiéndonos en política. Estoy defendiendo los derechos humanos básicos”, acotó. “No vamos a quedarnos en silencio”.

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