Por Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — La Corte Suprema de Estados Unidos decretó el 27 de febrero que algunos inmigrantes detenidos por el gobierno pueden quedar presos indefinidamente.
Con la decisión de cinco votos a favor y tres en contra, (la jueza Elena Kagan se recusó), el tribunal revirtió el decreto de un tribunal inferior que requería audiencias periódicas de fianza para los inmigrantes mantenidos bajo la custodia de oficiales de inmigración de Estados Unidos. En el 2016, la corte evaluó este mismo caso y hubo un empate 4 a 4 en su decisión cuando la corte tenía solamente ocho jueces.
El caso revierte el fallo de un tribunal federal de apelaciones en San Francisco que decía que los inmigrantes detenidos tenían derecho a audiencias de fianzas siempre y cuando no presentaran riesgos de huida o no fueran considerados peligros para la seguridad nacional y que ellos debían tener derecho a tales audiencias cada seis meses.
La decisión de la Corte Suprema envía el caso de vuelta al tribunal de apelaciones para determinar si este debe continuar como una demanda judicial colectiva o si algunas cláusulas de las leyes de inmigración violan la Constitución.
El punto en cuestión es una demanda judicial presentada por inmigrantes que están presos, incluso algunos que enfrentan la deportación por delitos y otros que vinieron a Estados Unidos buscando asilo. El demandante principal, Alejandro Rodríguez, es un inmigrante mexicano que estuvo preso por más de tres años sin que se le diera audiencia de fianza mientras disputaba la deportación después de haber sido condenado por delitos menores de posesión de drogas y posesión no autorizada de un vehículo.
El juez Samuel Alito, quien escribió la opinión, dijo que la ley de inmigración no habla de audiencias periódicas, ni de fianzas y señaló que la razón por la cual los inmigrantes están detenidos es para determinar si ellos pueden estar "presente legalmente en el país".
La opinión de desacuerdo fue escrita por el juez Stephen Breyer, apoyado por las magistradas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg. En su opinión de desacuerdo, Breyer dijo: "Las miles de personas involucradas en este caso creen que tienen derecho a entrar y quedarse en Estados Unidos, y un gran número de ellos está en lo correcto".
Él añadió que el gobierno los mantiene "encerrados en cárceles por meses, a veces por años, mientras se resuelve el asunto. Y pasan esos meses y años encerrados sin fianza".
Kagan se recusó debido a un conflicto. "Mientras era procuradora general, ella autorizó la presentación de una petición en una fase anterior" del caso, dijo la corte..
