ROCHESTER — Un nuevo grupo que se formó a raíz de la destitución de Alex Castro como director ejecutivo de la Rochester Housing Authority (Autoridad de Vivienda de Rochester, RHA siglas en inglés) sigue llamando por investigaciones por oficiales estatales y federales.
La junta de comisionados de RHA votó el 14 de octubre para remover a Castro de su puesto y contrató al Concejal de la Ciudad Adam McFadden como director interino el día siguiente. Residentes y líderes de la comunidad han expresado indignación por la expulsión, citando una falta de "proceso debido".
Subsiguientemente, Justicia para Rochester fue formado inmediatamente después de una reunión contenciosa de la junta de la RHA el 22 de octubre durante la cual se trató la expulsión de Castro.
"Se trata de toda la ciudad", dijo Anthony Plonczynski, asistente legislativo de la Concejal de la ciudad Jackie Ortiz, sobre la situación de RHA. "Esto puede pasar a todo el mundo. Cada persona debe realmente pensar sobre sí misma. Cada persona que ha sido maltratada oprimida. …Estamos listos para decir no más".
Justicia para Rochester ha enviado una carta al U.S. Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU, siglas en inglés HUD) para investigar la autoridad de vivienda y si la alcaldesa debe remover toda la junta RHA, según la página web del grupo, justiceforrochester.org. También el grupo está pidiendo al fiscal general del estado que considere abrir una investigación de la situación.
Oficiales del HUD asistieron a la reunión de la junta el 22 de octubre y dijeron que estaban allí solamente para observar y que están llevando a cabo una investigación de la situación. El portavoz Adam Glantz dijo que el examen requiere un análisis detallado de las actas documentadas.
"Actualmente HUD está examinando los datos específicos de la situación para determinar si las acciones de la RHA violaron la provisión de conflicto-de –intereses del Contrato de Contribuciones Anuales (siglas en inglés ACC) de la RHA con nosotros", declaró él en un e-mail. "HUD va a trabajar en estrecha colaboración con la Junta de la RHA y la Alcaldesa (Lovely) Warren para asegurar que la Autoridad cumpla con las regulaciones federales y proteja los mejores intereses de los residentes de la RHA. Basados en la información provista hasta ahora confiamos que no será necesaria una toma de control de la RHA para lograr estas metas".
La oficina del fiscal general no ha respondido a peticiones para que comente.
Después de la reunión del 22 de octubre de la RHA, la Alcaldesa Warren publicó una declaración pidiendo que McFadden renunciara inmediatamente, pero indicó que ella no iba a dimitir la junta. McFadden dijo que iba a quedarse en su puesto interino de tres meses, pero que él no buscaría el puesto permanentemente, según los informes de prensa.
Ortiz también ha pedido un examen de la decisión de la junta por la Junta de Ética de la Oficina de Integridad Pública de la ciudad y su consejero legal.
"Tome responsabilidad por cualquier posible error", dijo Ortiz a la junta el 22 de octubre. "Pida ayuda si es necesario, trate y remueva conflictos de intereses. Incluya sus residentes y lleve a cabo un proceso justo para encontrar un director que mejor sirva las necesidades de los residentes, de la autoridad y de la visión de la junta".
Jules Smith, el abogado de Castro, dijo que la junta de la RHA no notificó a su cliente sobre su expulsión inminente aunque su contrato estipula que él debía recibir una notificación de cualquier asunto con 30 días de antelación para darle tiempo para tratarlo. También su carta de despido no dio la razón por su expulsión, dijo Smith.
Castro había recibido una extensión de cinco años de su contrato al comienzo de este año lo cual significa que su contrato duraría hasta el 2021, confirmó Smith. Con un sueldo anual de $140,000, esto lleva el valor del contrato a aproximadamente $1.4 millón, sin tomar en cuenta otros beneficios tales como seguro de salud y retiro, dijo él.
"Mi enfoque total es que ellos (la junta) violaron el contrato", dijo Smith. "En última instancia, hay una disposición sobre cómo esto puede ser resuelto. … Quiero que mi cliente obtenga justicia".
Él está esperando una resolución amigable que podría incluir reinstalación o un paquete de indemnización justa, explicó él.
"Estoy esperando. Soy como Pollyanna. Creo que esto puede ser resuelto", dijo Smith. "Si no, es porque uno ve (pleitos). Pero es un mejor sistema si no hay jueces involucrados y juicios".
La decisión de la junta de dimitir a Castro fue cuestionada durante su reunión del 22 de octubre cuando más de 40 personas se dirigieron a los miembros sobre el asunto. Muchos trajeron carteles que decían: "Intimidación política en su apogeo. ¿Dónde está el proceso debido"?
Dorothy Tucker, presidenta de la Hudson-Ridge Tower, dijo que la expulsión de Castro deja la junta de la autoridad sin representación hispana.
"Debemos saber la verdad", dijo ella. "Esta es la cosa más importante. … Pero debe haber representación hispana, porque tenemos una población hispana grande".
Roberto Burgos, un previo planificador ejecutivo de vivienda de la comunidad de la ciudad, llamó la decisión de la junta un acto de "opresión política" a la que le falta el proceso debido y que no se debe permitir que siga en pie. Sus comentarios emocionales recibieron aplauso de la muchedumbre que llenó el lugar de la reunión.
"La junta de la Autoridad de Vivienda de Rochester debe estar avergonzada de sí misma por la manera en que Alex Castro fue dimitido," dijo él. "Todo lo que sube baja".
