(MCT) WASHINGTON — La administración de Obama inició el 6 de julio un ataque legal contra la nueva y estricta ley de inmigración de Arizona, argumentando que solo Washington puede establecer las leyes de la nación para arrestar a los inmigrantes ilegales.
El gobierno dijo el 6 de julio que sus normas de aplicación de la ley de inmigración "están dirigidas contra … extranjeros peligrosos", incluyendo a criminales violentos, miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros "que representan un peligro para la seguridad nacional y un riesgo para la seguridad del público" mientras que la ley de Arizona obligaría a los oficiales federales a lidiar con una avalancha de inmigrantes ilegales que no representan un peligro.
La demanda urge a un juez federal en Phoenix a que bloquee la ley de Arizona para que no entre en vigor a finales de mes. Esta acción legal añade peso a otras demandas presentadas por defensores de los derechos de los inmigrantes que dicen que el incremento en la aplicación de la ley por parte de Arizona causará el uso del perfil racial y el acoso de latinos.
La acción afecta los intereses políticos de la Casa Blanca. El Presidente Barack Obama no hizo ningún comentario público al establecer la demanda, pero el Fiscal General, Eric Holder, y la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano — una antigua gobernadora de Arizona — dijeron que el estado se había pasado de los límites.
"Establecer las normas de inmigración y hacer cumplir las leyes de inmigración es una responsabilidad nacional", dijo Holder "Un mosaico de leyes estatales creará más problemas en vez de resolverlos".
Los líderes republicanos, reaccionando rápidamente, dijeron que Washington y la administración tienen la culpa por no haber aplicado las leyes de inmigración por muchos años.
"Demandar a la gente de Arizona por tratar de hacer un trabajo que el gobierno federal no ha logrado ejecutar no ayudará a proteger las fronteras", dijo el Senador Mitch McConnell, R-Ky., el líder republicano del Senado
En abril, la Legislatura de Arizona votó para "desalentar e impedir" que los inmigrantes ilegales se quedaran en el estado, autorizando a la policía a hacer preguntas a los inmigrantes bajo ciertas circunstancias. Cuando un oficial tiene "una sospecha razonable" de que una persona no es un residente legal, él debe hacer preguntas y detener a los que no puedan probar que son residentes legales. Esos residentes ilegales pueden ser acusados de haber cometido un crimen estatal y ser entregados a los agentes de inmigración federales.
Pero los oficiales de la administración dicen que la norma de Arizona "trastorna el régimen nacional de aplicación de la ley". El expediente legal explica lo que los oficiales de inmigración de los Estados Unidos han reconocido desde hace mucho tiempo: Ellos no desean arrestar o deportar a la gran mayoría de los 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en los Estados Unidos.
La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos dijo que está en vías de deportar a unas 400,000 personas este año. Pero la agencia dijo la semana pasada que no busca deportar a los inmigrantes ilegales que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, ni a aquellos que estén cuidando a niños o a parientes cercanos.
La demanda de la administración se basa en la Constitución y su declaración de que las leyes de los Estados Unidos son la "ley suprema del país". Las leyes estatales que estén en conflicto con la ley federal se consideran reemplazadas.
"Un estado no puede establecer su propia ley de inmigración", argumentó el Departamento de Justicia. La ley estatal se tiene que eliminar porque la inmigración "sigue siendo la responsabilidad exclusiva del gobierno federal". Si la ley de Arizona entrara en efecto, el gobierno dice que "trastornaría" los esfuerzos federales y alteraría "el cuidadoso equilibrio de las prioridades de la aplicación de la ley".
La demanda fue aplaudida por la comunidad latina que se ha desilusionado con la administración de Obama porque no ha reformado el sistema de inmigración. Una encuesta Gallup mostró que el por ciento de aprobación de Obama entre los latinos bajó de 69% en enero a 57% en mayo. Aunque no es probable que los votos latinos pasen a los republicanos en gran número, podrían dañar las expectativas de los candidatos demócratas en las elecciones en noviembre, si no participan. Durante la semana pasada, la administración de Obama ha tomado acción para re-energizar a los votantes latinos.
Sin embargo, encuestas nacionales han encontrado que del 50 al 60 por ciento de los americanos apoyan los esfuerzos de Arizona para arrestar a más inmigrantes ilegales, y políticos de otros lugares del país han propuesto estatutos similares para sus estados.
Hasta el 30 de julio, propuestas de leyes similares han sido introducidas en otros cinco estados, según el Consejo Nacional de Legislaturas Estatales: Carolina del Sur, Pensilvania, Minesota, Rhode Island y Michigan.
En Florida, Rick Scott, un multimillonario de Naples que ha hecho de la inmigración ilegal el punto central de su campaña para ser candidato Republicano para gobernador, recientemente hizo un anuncio por televisión atacando a su oponente en las primarias, el Fiscal General, Bill McCollum, por motivo de la ley de Arizona. McCollum dice que él la apoya, pero que no es necesaria en la Florida.
"Rick Scott apoya la ley de Arizona. Él la traerá a la Florida y dejará que la policía verifique si la gente que detiene está aquí legalmente", dice el anuncio.
La Gobernadora de Arizona, Janice Brewer, ridiculizó la intervención de Obama como "nada más que una pérdida del dinero de los contribuyentes. Esos fondos se hubieran podido usar mejor en contra de los violentos carteles mexicanos, en vez de en contra de la gente de Arizona".
Ella también se comprometió a defender la ley en las cortes: "Lo cierto es que la ley de Arizona es razonable y constitucional. Refleja substancialmente lo que ha sido la ley federal en los Estados Unidos por muchas décadas. La ley de Arizona está diseñada para complementar, no suplantar, a la aplicación de las leyes federales de inmigración".
La nueva demanda pone a los Demócratas vulnerables en una situación difícil, debido a la popularidad de la nueva y estricta ley de Arizona. La Representante Ann Kirkpatrick, D-Ariz., que confronta una lucha difícil por su re-elección, hizo una declaración el 6 de julio calificando a la demanda de "una diversión que nos distrae de nuestra verdadera tarea".
La batalla legal pudiera decidirse rápidamente, la Jueza de Distrito de los EE.UU., Susan Bolton, ha fijado una audiencia para el 22 de julio en Phoenix, para escuchar argumentos para impedir que la ley entre en vigor el 28 de julio. Si ella emite una orden restrictiva temporal, el estado puede apelar inmediatamente al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE. UU. en San Francisco, y luego, a la Corte Suprema de los EE. UU.
(Contribuyeron a este reportaje Ken Dilanian y Peter Nicholas del Tribune Washington Bureau y el reportero de Los Angeles Times, Nicholas Riccardi en Denver.)
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