Por Patricia Zapor
Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) ? Las relaciones entre el frente unido del presidente Barack Obama y los defensores de una reforma completa de inmigraci?n se han empa?ado y han tomado un cariz amargo con respecto a las deportaciones.
Con apoyo en el gran aumento de recursos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos que empez? en la administraci?n de George W. Bush, el Departamento de Seguridad Territorial de Obama, junto con el Departamento de Justicia, han incrementado el n?mero de deportaciones, en parte con el prop?sito de ganar apoyo para una reforma completa entre los pol?ticos que demandan mayores imposiciones como precio para ganar su voto.
En un an?lisis de las tendencias de deportaci?n dado a conocer el 30 de abril por el Migration Policy Institute se dec?a que debido a una combinaci?n de una ley aprobada en 1996, en la que se requer?an imposiciones m?s fuertes contra la inmigraci?n y cambios de pol?tica de acci?n, procedimientos y fondos, la cifra de personas deportadas anualmente ha aumentado en forma exagerada en los ?ltimos 20 a?os. Tambi?n ha aumentado dram?ticamente la cifra de personas que son deportadas bajo procedimientos legales m?s formales que llevan consigo repercusiones de mayor tiempo e incluso implicaciones delictivas, a veces.
Cerca de 2 millones de personas han sido deportadas en los primeros cinco a?os de la administraci?n de Obama, cifra comparada con un n?mero casi igual durante los ocho a?os de la administraci?n de Bush.
Marc R. Rosenblum, director interino del programa de pol?tica de acci?n del Migration Policy Institute, y uno de los autores del estudio, dijo durante una conferencia a distancia desde el lugar en donde el informe se dio a conocer que "est? claro que la ley se ha aplicado" y que esa aplicaci?n ha aumentado en alcance e intensidad, especialmente en los ?ltimos cinco a?os, utilizando "cualquier tipo de medida que se quiera usar".
Y a?adi? que esto es verdad aunque se haya aprendido a un n?mero menor de personas en las cercan?as de la frontera con M?xico, debido a que un n?mero menor de personas han tratado de cruzar, aparentemente. Los expertos en la materia sugieren que esta disminuci?n se puede deber al aumento de aplicaci?n de la ley y a una econom?a m?s d?bil en los Estados Unidos en a?os recientes.
"La evidencia es bastante convincente de que la aplicaci?n de la ley ha sido bastante efectiva", dijo Rosenblum.
Empero, los efectos pol?ticos hasta ahora son que, aunque la cifra de deportaciones ha alcanzado alto nivel y el cruce ilegal en la frontera ha disminuido, no hay se?al de que la oposici?n recalcitrante, en su mayor?a republicana, contra una reforma completa, se haya movido un ?pice. Mientras tanto, el clamor p?blico en contra de las deportaciones ha aumentado, y los activistas hacen hincapi? en la desgracia de familias separadas y en casos en los que los inmigrantes pierden la oportunidad de alcanzar alg?n d?a un estado legal.
Cientos de personas acudieron, el 1o de mayo al parque Lafayette, localizado frente a la Casa Blanca, y llevaban pancartas y gritaban ?una m?s ya no? y otras consignas, centrado todo en lograr que se detengan las deportaciones de personas con lazos familiares y comunitarios fuertes en los Estados Unidos y que carecen de antecedentes delictivos. Varias personas se dejaron arrestar voluntariamente habiendo incurrido en desobediencia civil.
Sheena Wadhawan, directora del programa legal CASA de Maryland, le inform? al Catholic News Service de varios de sus clientes cuyas ?rdenes de deportaci?n parecen ejercerse en contraste con declaraciones de la administraci?n de Obama que se va en busca de "criminales, pandilleros, personas que ofenden a la comunidad; y no contra estudiantes, ni contra personas que est?n aqu? debido a que tratan de encontrar la manera de alimentar a su familia respectiva".
CASA de Maryland es una agencia de servicio social que ayuda a las personas en Maryland, Virginia y Washington. Wadhawan dijo que la divisi?n de servicios legales se hace cargo de por lo menos un caso que est? en la etapa "de ?ltima esperanza" pendiente de deportaci?n cada semana. Y ella hace la descripci?n de esos casos como que "en substancia, no hay nada que hacer, excepto rogarle a la administraci?n que ejerza discreci?n".
Una clienta de esta categor?a es Catia Paz ?lvarez, residente de Virginia, quien fue se?ala como ejemplo en la manifestaci?n del 1? de mayo. Paz lleg? a los Estados Unidos, proveniente de El Salvador, cuando ten?a 17 a?os de edad; termin? su escuela preparatoria en los Estados Unidos; se cas?, compr? casa y tiene dos hijos de 3 y de 5 a?os, respectivamente, siendo ambos ciudadanos estadounidenses. Trabaja en una tienda de departamentos y se muestra activa en su iglesia, dijo Wadhawan.
Le aprobaron dos veces la suspensi?n de deportaci?n, pero este a?o su solicitud fue rechazada.
"Estamos verdaderamente preocupados" de que le den la orden de abandonar el pa?s cualquier d?a, dijo Wadhawan. El abogado dijo que por el rechazo de la solicitud de Paz para quedarse en el pa?s la administraci?n no hab?a dado ninguna raz?n para el cambio aplicado a una residente de largo tiempo, libre de antecedentes delictuosos, que tiene hijos ciudadanos, familiares y un patr?n que se ver?a afectado por su ausencia.
"El gobierno dice que desde 2011 no han deportado a nadie que no sea criminal", dijo Wadhawan. "Y, por supuesto, mienten grandemente".
Si Paz hubiera salido de El Salvador un poco m?s de un a?o antes, y hubiera llegado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 a?os de edad, podr?a haber sido elegible para favorecerse con el programa conocido como DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, programa que la administraci?n puso en efecto hace dos a?os, mediante el cual los j?venes pueden buscar aplazamiento de la deportaci?n.
Obama, en marzo, gir? instrucciones al director de Homeland Security, Jeh Johnson, para que "se hiciese un inventario" de pr?cticas actuales de deportaci?n y para que "se viese la forma de llevar a cabo las operaciones de una manera m?s humana, dentro de los l?mites se?alados por la ley", como la Casa Blanca describi? la petici?n.
El obispo auxiliar de Seattle, Eusebio L. Elizondo, presidente del comit? de inmigraci?n de los obispos de los Estados Unidos, se encuentra entre las personas que instan a Johnson a que se adapte las acciones pol?ticas de Seguridad Territorial, enfocando sus ramificaciones humanitarias.
En una carta del 26 de marzo dirigida a Johnson, el obispo Elizondo dec?a que los obispos continuar?an presionando para que se logre una reforma de la legislaci?n migratoria; pero que mientras tanto "estamos profundamente afligidos por el desmembramiento de familias causado por la aplicaci?n de la actual pol?tica de acci?n migratoria".
Y continuamos urgiendo la adopci?n de varios cambios, incluyendo el uso de mayor discreci?n aplicada a saber a qui?n la agencia procesa para deportaci?n; el fin de procedimientos tales como "expulsi?n expedita" que no est?n sujetas a revisi?n judicial y que se usaron en m?s del 75 por ciento de expulsiones en 2013. Tambi?n el obispo le pidi? a Johnson que se termine la llamada Operation Streamline, "mediante la cual se les aplican cargos delictivos a inmigrantes que han pasado la frontera. … Encontramos este programa en violaci?n de los derechos a un proceso justo. Tambi?n todo fall? para disuadir a inmigrantes desesperados por mantener a su familia y puede considerarse como p?rdida de preciosos recursos federales que deber?an canalizarse para procesar casos de traficantes de drogas, tratantes de seres humanos y contrabandistas".
Este articulo lleva la marca de derechos de autor: ?2014 Catholic News Service/USCCB. Todos derechos reservados. No puede ser publicado, transmitido, rescrito, ni distribuido de otra manera.
CNS ? 3211 Fourth St NE ? Washington DC 20017 ? 202.541.3250
