El obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, presidente del comité de migración de los obispos de EE.UU., se dirige al Subcomité Judicial de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara de Representantes en Washington el 27 de febrero de 2020. El obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, presidente del comité de migración de los obispos de EE.UU., se dirige al Subcomité Judicial de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara de Representantes en Washington el 27 de febrero de 2020. (Foto CNS por Tyler Orsburn)

Obispos apoyan medidas sobre inmigración en proyecto de ley de $ 3.5 billones

WASHINGTON (CNS) — El presidente del Comité de Migración de obispos de Estados Unidos expuso el 12 de agosto que los líderes católicos estaban contentos por que el paquete de gastos de $3.5 billones, aprobado por el Senado un día antes, otorgaría “estatus legal permanente a inmigrantes calificados”.

“Si bien la enseñanza social católica está implicada en muchos componentes de la resolución presupuestaria, nos complace que la resolución brinde una oportunidad para que muchas personas indocumentadas reciban un estatus legal”, expresó el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, quien es el presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

“Las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos corren con frecuencia el riesgo de sufrir maltrato y explotación porque carecen de estatus legal”, acotó. “Deportar a millones de residentes de toda la vida solo serviría para fragmentar a las familias y dañar a las comunidades locales, especialmente cuando muchos tienen hijos y cónyuges estadounidenses, hogares y negocios propios, y sirven como trabajadores esenciales”.

“La integración en la sociedad es la solución moral para estas personas”, explicó el obispo Dorsonville, y señaló que el papa Francisco y sus predecesores, así como los obispos de Estados Unidos, han apoyado durante mucho tiempo este punto de vista.

La inmigración está incluida en una serie de temas abordados en el proyecto de ley de $ 3.5 billones de los demócratas del Senado, que es un plan para el gasto publico. Dicho paquete fue aprobado en una votación de 50 a 49 a las 4 a.m., hora del este, el 11 de agosto.

El proyecto de ley de gastos es técnicamente una resolución concurrente del Senado — S. Con. Res. 14 — y establece el presupuesto federal para el año fiscal 2022 y los niveles presupuestarios adecuados para los departamentos y agencias federales para los años fiscales 2023 a 2031.

Los informes de prensa dijeron que los demócratas “planean impulsar el paquete” a través de la Cámara y el Senado mediante el uso de la “reconciliación presupuestaria”. Este proceso, creado bajo la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974, permite que una mayoría simple apruebe ciertos tipos de legislación.

Según The Hill, un sitio web de noticias políticas, el paquete instruye a los legisladores “trazar una vía hacia la ciudadanía para millones de personas mientras invierten en seguridad fronteriza”, asignando alrededor de $ 107 billones para que el Comité Judicial del Senado gaste en cada uno de estos sectores.

“El paquete no especifica cuántas personas o qué grupos estarían cubiertos por la legislación, sino que ordena al comité que proporcione ‘estatus legal permanente para inmigrantes calificados'”, indicó. “Un resumen del proyecto de ley también establece que proporcionará tarjetas verdes ‘a millones de trabajadores inmigrantes y familias'”.

“En última instancia, se necesita una reforma más integral de nuestro sistema de inmigración, pero garantizar el acceso al estatus legal permanente y la ciudadanía para los indocumentados es un paso esencial”, comentó el obispo Dorsonville.

“Hacemos un llamado a la Cámara para que adopte las instrucciones de legalización en S. Con. Res. 14”, dijo, y agregó que el Congreso debe respaldar medidas “que, como mínimo, legalizarían, con una vía a la ciudadanía, a los Dreamers, titulares de Estatus de Protección Temporal y beneficiarios de Salida Forzada Diferida, trabajadores agrícolas indocumentados, y otros trabajadores esenciales indocumentados”.

Los “Dreamers” son jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños. Aquellos que son elegibles para el programa están cubiertos por Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que fue creado por el presidente Barack Obama en una orden ejecutiva en 2012.

El programa permite que jóvenes calificados vayan a la universidad, trabajen, obtengan un seguro médico, una licencia de conducir, y no se enfrenten a la deportación.

Si se aprueba el plan presupuestario de $3.5 billones, alrededor de 10 millones de personas serían elegibles para una vía hacia la ciudadanía. Eso es poco menos de los 11 millones que propuso el presidente Joe Biden para la ciudadanía en un amplio proyecto de ley de reforma migratoria que envió al Congreso el 20 de enero, el día en que asumió el cargo: Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021.

Su propuesta exige la creación de un camino de ocho años hacia la ciudadanía para los inmigrantes en los EE. UU. ilegalmente, reforzando la seguridad fronteriza con nuevas tecnologías de detección y enviando ayuda a Centroamérica.

El 6 de julio, los senadores republicanos John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte propusieron una legislación para ofrecer un camino a la ciudadanía para los “participantes activos” existentes en DACA, que actualmente suman alrededor de 700,000 personas.

Un juez federal dictaminó el 16 de julio poner fin al programa, una medida que, según los defensores de los inmigrantes, debería impulsar al Congreso y a Biden a acelerar la legislación para estos jóvenes.

Actualmente, un comité del Senado está considerando la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021. La Cámara aprobó su versión de la medida en marzo, junto con la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que proporciona un camino hacia el estatus legal para los trabajadores agrícolas.

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