CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — La conferencia episcopal mexicana ha emitido una carta pastoral haciendo un llamado al gobierno a reconsiderar su estrategia de depender fuertemente de soldados y policía federal para combatir los carteles del narcotráfico.
La carta también pidió al gobierno detener una ola de violencia que ha reclamado más de 18,000 vidas durante los pasados tres años.
“La seguridad no está directa ni principalmente relacionada con la capacidad de usar la fuerza, el número de oficiales de la policía, el grado de militarización ni la compra de armas”, dice la carta. “Con el paso del tiempo la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra crimen organizado ha provocado incertidumbre entre la población”.
“Es muy claro que este ambiente de violencia e inseguridad en el cual estamos viviendo denota un sentido de pérdida de Dios”, dice ésta.
La carta, publicada el 15 de febrero, también pide a los ciudadanos denunciar los crímenes y el comportamiento criminal y pide a los católicos hacer más para ayudar a las víctimas de la violencia.
Ésta atribuyó la incapacidad de reducir la violencia a numerosas causas, incluyendo crisis de legalidad y moralidad, polarización política después de las contenciosas elecciones del 2006, carencia de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes y “un debilitamiento de la fibra social”.
“El dolor y la angustia y la incertidumbre y el temor de tantas personas nos presentan retos. Lo que adicionalmente nos preocupa es la indignación y la ira, la rabia, el odio, el rencor y el deseo de venganza naturales y la disposición de las personas a tomar la justicia en sus propias manos”, dice la carta.
México ha estado involucrado en una medida enérgica contra los carteles del narcotráfico que han estado librando guerras por terreno por las rutas lucrativas del contrabando hacia Estados Unidos y fomentando un aumento en la adicción en casa desarrollando mercados internos para las drogas.
El gobierno federal ha enviado más de 40,000 soldados y oficiales de la policía federal a combatir los carteles en regiones tales como Chihuahua en el norte de México, Sinaloa en la Costa del Pacífico y Michoacán al oeste de Ciudad de México, pero los resultados han sido mixtos y el apoyo público parece reducirse.
Una encuesta emitida el 15 de febrero por Buendía y Laredo, compañía de sondeos de Ciudad de México, encontró que el 60 por ciento los respondientes dijo que la violencia ha aumentado durante los pasados seis meses y el 56 por ciento de los respondientes dijo que la medida enérgica del gobierno federal contra el narcotráfico había hecho el país “menos seguro”.
Nuevos problemas también han emergido, tales como un aumento en alegatos contra la milicia de abusos de los derechos humanos y evidencia que los carteles se han diversificado hacia otras actividades ilegales, tales como la piratería, la extorsión y los secuestros.
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