Por Marie Mischel
Catholic News Service
Dos funcionarios federales dijeron ante católicos defensores de inmigrantes reunidos en Salt Lake City que se sentían optimistas sobre las posibilidades de una reforma abarcadora del sistema de inmigración estadounidense.
Ellos verbalizaron optimismo a pesar de un interdicto temporal que está bloqueando las órdenes ejecutivas del 2014 del presidente Barack Obama que creaban el programa Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, o DAPA, y ampliaba el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA.
León Rodríguez, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, y Juan Osuna, director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, del Departamento de Justicia, fueron parte de una sesión plenaria durante la convención anual de Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC) realizada del 13 al 15 mayo.
"Quiero que sepan que no estoy deprimido", dijo Rodríguez sobre el interdicto de febrero que detuvo los programas mientras una demanda presentada por 17 estados es atendida en los tribunales. "El objetivo aquí, la verdadera justicia, vendrá cuando tengamos una reforma … que nos dé un camino hacia la ciudadanía para esos individuos".
DACA y DAPA se encaminaban hacia tal reforma y ??"lo que está pasando ahora en los tribunales, cualquiera que sea el resultado, insta a la pregunta que debemos hacerle a nuestros líderes, incluyéndome: ¿Cómo usted resolvería el problema? Si el camino de Obama no es el camino que usted quiere, ¿cómo resolvería el problema? Y creo que este caso judicial en realidad nos hace hacer esa pregunta", dijo Rodríguez.
Rodríguez dijo que después de un encuentro con la madre de un estudiante universitario receptor de DACA se dio cuenta de que en las leyes actuales de inmigración uno nunca verá la palabra ‘justicia’, lo cual le hizo preguntarse si la justicia se ha procurado en el sistema de inmigración de la nación, él dijo. La aplicación de la ley es un tema común, "pero creo que es importante que no dejemos de hablar sobre la justicia cuando hablamos de inmigración", él dijo.
Aunque el interdicto contra la orden ejecutiva previene que alguna acción sea tomada, "respecto a los indocumentados hay suficiente trabajo que podemos estar haciendo ahora mismo", dijo Rodríguez. Por ejemplo, 90,000 jóvenes cualifican por edad para DACA anualmente y si los profesionales de CLINIC les ayudan, "por lo menos habremos hecho algo bueno", él dijo.
Todo caso de inmigración "es la historia de las esperanzas y los sueños de alguna familia y, en muchos casos, los sufrimientos de alguna familia", él dijo.
La ley de inmigración actual fue creada en la década de 1960 y "no refleja nuestra economía, no refleja nuestra demografía", dijo Rodríguez; a los 9 millones de personas que son elegibles para hacerse ciudadanos naturalizados se les tiene que proveer apoyo de modo que puedan integrarse a la sociedad en todos los renglones: lingüístico, económico y cívico.
El gobierno federal está trabajando con los gobiernos locales para promover la naturalización, él dijo, y también está tomando medidas enérgicas contra los "notarios", aquellos que cometen fraude por la práctica no autorizada de la jurisprudencia de inmigración.
Rodríguez terminó con una nota positiva, diciendo: "Creo que tan oscuro como se ve ahora, es realmente simplemente parte del camino hacia la reforma que todos sabemos que es necesaria. … Sé que hay un amplio consenso nacional que dice que tenemos que llegar a la reforma".
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