SAN JUAN, Puerto Rico — Eventos recientes en el caos financiero de Puerto Rico han llevado al gobierno a una posición que trató evitar y que el más alto líder católico local había sugerido durante mucho tiempo: la quiebra.
Aunque la idea original del arzobispo Roberto González Nieves era intentar una solución voluntaria solicitándole la quiebra al Congreso de Estado Unidos, la realidad de una solicitud de protección bajo un tipo de quiebra fue presentada forzosamente a nombre del gobierno el 3 de mayo.
"Aunque no es una solución perfecta", escribió el arzobispo en la revista Time en noviembre, "la protección bajo la quiebra proveería un sistema más justo y transparente para resolver la carga de la deuda de Puerto Rico y crear el espacio fiscal que necesitamos para desarrollar nuestra economía y servirle al pueblo".
Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, en años recientes ha estado en caída espiral hacia el impago de su deuda de $72,000 millones. La situación llevó al Congreso a aprobar el año pasado la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida por su acrónimo en inglés, PROMESA.
Entre sus disposiciones, la ley ordenó el establecimiento de una Junta de Supervisión Fiscal para administrar las finanzas del territorio. La junta comenzó su trabajo en octubre y, siguiendo las directrices de la ley, emitió una suspensión de seis meses de varias demandas judiciales que estaban por ser presentadas por los acreedores.
La suspensión caducó el 30 de abril, con las negociaciones entre los acreedores y el gobierno terminando en un punto muerto. Las primeras demandas de los acreedores fueron presentadas el 2 de mayo, pero observadores esperan que estas se resuelvan bajo la petición de declaración de insolvencia presentada por la junta el 3 de mayo.
Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA, organización interreligiosa enfocada en alivio de deudas, llamó la presentación judicial un paso "tipo quiebra" que tiene la intención de proteger a Puerto Rico de sus acreedores.
La acción, aunque plantea dificultades a corto plazo para los puertorriqueños, protegerá los servicios sociales vitales, los gastos en servicios médicos y los fondos educativos.
Como territorio de Estados Unidos, Puerto Rico no puede reestructurar su deuda como lo haría un estado a través del Capítulo 9 del código de quiebras estadounidense.
El arzobispo González usó las palabras "transparencia" y "crecimiento" en su columna en la revista Time, diciendo que estos provendrían de la quiebra porque abriría los archivos financieros de la isla a una auditoría.
Sin embargo, la transparencia y el crecimiento son dos de varios obstáculos que Puerto Rico ha enfrentado en su saga financiera.
La deuda de Puerto Rico no ha sido auditada por entidades financieras independientes y las administraciones previas y actual de la isla han hecho claro que no estarán de acuerdo a hacerlo. Su postura a causado un movimiento popular que exige una auditoría minuciosa e independiente de la deuda gubernamental.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló ha llamado la auditoría un "desperdicio de fondos" y exitosamente impulsó una ley para disolver la Comisión para la Auditoría de la Deuda del gobierno. Sin embargo, bajo PROMESA, la junta fiscal está facultada para realizar tal auditoría.
El crecimiento también ha sido un tema común del discurso del arzobispo, especialmente en cuanto a cómo este se relaciona con los descendentes fondos públicos usados para atender a los pobres y los ancianos.
"¿Cuáles son esos caminos fundamentales para no comprometer el derecho fundamental de Puerto Rico a su subsistencia, a proteger a sus pobres y vulnerables, a evitar caer en o ahondar más una crisis humanitaria?", escribió el arzobispo Gonzáles Nieves en una carta pastoral del 30 de abril.
Su mensaje vino antes de una protesta-huelga masiva del 1 de mayo en San Juan contra medidas de austeridad recientes y proyectadas y aumentos en los costos de los servicios gubernamentales. Dos días antes, el obispo emitió un llamado a apoyar el evento, diciendo que él estaría ofreciendo "un gesto de acompañamiento pastoral".
"Procuremos la unidad boricua mediante el diálogo, la verdad, la justicia, el perdón, la paz, el amor y la oración", escribió el arzobispo Gonzáles Nieves. "Nos parece que es importante (que haya) una presencia de la iglesia para realzar la paz y la no violencia en esta actividad".
Decenas de miles de personas, incluyendo otros obispos, sacerdotes, religiosos y fieles participaron pacíficamente en cinco marchas separadas que se juntaron en el distrito financiero de San Juan. Pero inmediatamente después que concluyó el evento, un pequeño grupo de encapuchados comenzó un motín rompiendo ventanas y destruyendo propiedad pública. Trece fueron arrestados.
La cobertura mediática se enfocó en el motín en vez del mensaje de los manifestantes y le ganó al arzobispo y a otros una lluvia pública de sobrenombres despectivos de parte de algunos funcionarios gubernamentales. Él respondió el 2 de mayo con un mensaje condenando la violencia.
"Cuando una protesta se torna violenta y se incurre en actos de vandalismo, deja de ser un ejercicio de libertad de expresión para convertirse en un acto de desorden y delictivo que debe recibir el repudio de toda la sociedad", dijo el arzobispo González Nieves.
LeCompte dijo que el camino que Puerto Rico tiene al frente estará lleno de nuevos retos, pero que esa presentación judicial "histórica" abre la puerta a una solución eventual a las dificultades financieras de la isla.
Hay luz al final del túnel", él dijo.
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Dennis Sadowski contribuyó a este artículo desde Washington.
