WASHINGTON — Algunos defensores de inmigrantes expresaron preocupación porque millones de padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y otros residentes permanentes legales estarán sujetos a la deportación después que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, revocó una acción ejecutiva que los protegía.
La acción de Kelly del 15 de junio revoca el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (conocido como DAPA), una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que protegía de la deportación a padres que cumplen con las leyes estando en el país sin documentación legal.
Esto también cumple con una promesa de campaña del presidente Donald Trump de cancelar dos órdenes ejecutivas de la época de Obama sobre inmigración. La orden ejecutiva DAPA nunca fue implementada porque fue rechazada en un tribunal federal en Texas por 26 estados que argumentaban que el programa no era legal. El junio pasado, después que el decreto del tribunal inferior fuera apelado, la Corte Suprema de Estados Unidos votó 4 a 4 y el empate mantiene el bloqueo de la orden.
Un juez en el caso dijó que el 15 de junio era la fecha límite para resolver el caso. Kelly respondió revocando la orden ejecutiva, diciendo que no había "ningún camino creíble hacia adelante" en el tribunal.
Anunciando la revocación, un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional dijo que continuaría en efecto la otra orden ejecutiva de Obama del 2012 para crear el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), un programa similar de protección para inmigrantes jóvenes.
El 7 de junio, durante una audiencia sobre el presupuesto de su departamento, Kelly le dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que la administración no terminaría el DACA.
La posibilidad de la separación de familias como resultado de la decisión de Kelly en cuanto al DAPA es lo que más preocupa a los defensores de los inmigrantes.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha pedido durante mucho tiempo que leyes se enfoquen en mantener junta la familia, aunque algunos miembros estén en el país ilegalmente. Los obispos han apoyado medidas de reforma de inmigración para proteger la unidad familiar.
"Lo que esto significa es que estarán marcando para deportación padres de ciudadanos estadounidenses", dijo a Catholic News Service el 16 de junio J. Kevin Appleby, director principal de Política de Migración Internacional en el Center for Migration Studies en Nueva York. "Esta administración está buscando separar familias americanas. No hay compasión por situaciones donde hay familias con estados mixtos y mantenerlas juntas.
"También significa que no tienen consideración con los niños ciudadanos estadounidenses y sus intereses. ¿Por qué alienar a una futura generación de líderes de ser parte de este país? Esto aterroriza a niños que desarrollan problemas psicológicos y emocionales cuando se les quita sus padres. Eso realmente demuestra que la administración está siguiendo una política de deportación masiva", dijo Appleby, exdirector de migración y política de refugiados de la USCCB.
Representantes y otras organizaciones católicas también estaban incómodas con la postura de Kelly.
"No hay esperanza para DAPA", dijo Michelle Sardone, directora del programa de legalización de la Red Católica de Inmigración Legal, Inc.
"Aunque estamos contentos porque hay garantías de que DACA continuará, estoy muy decepcionada porque continuaremos separando familias", ella dijo.
Sardone dijo que hay que proteger las familias bajo las normas estadounidenses de inmigración y llamó a la acción al Congreso para que reforme las leyes de inmigración del país.
Una funcionaria de Servicios Católicos de Socorro, la agencia de los obispos estadounidenses para socorro y desarrollo en el extranjero, dijo que revocar DAPA perjudicará familias.
"La primera prioridad del gobierno debería ser proteger las familias, lo cual la iglesia ha enseñado durante mucho tiempo, que son el núcleo de toda sociedad", dijo por correo electrónico Jill Marie Gerschutz-Bell, principal especialista en normas y asuntos legislativos. "Como católicos pedimos al Departamento de Seguridad Nacional mantener juntas las familias y permitirles quedarse en Estados Unidos".
Ashley Feasley, directora de normas de Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB, llamó la acción de Kelly "desalentadora".
Ella le dijo a CNS por correo electrónico el 16 de junio que la decisión pone bajo amenaza de deportación a 4 millones de padres de ciudadanos y residentes permanentes legales.
"DAPA le dio esperanza a muchos cuando fue anunciado y hoy hay familias viviendo un temor muy real" de ser separados, dijo Feasley. "Los obispos trabajarán con el Congreso para encontrar una solución para los 4 millones de padres de ciudadanos estadounidenses (y residentes permanentes legales) que trabajan arduamente, pero continúan instando a esta administración a usar su discreción para (no dejar separar)" familias.
Otros que querían una aplicación más estricta de las leyes de inmigración aplaudieron la decisión, especialmente en los medios sociales, diciendo que las personas que estén en el país ilegalmente tienen que ser deportadas.
Los programas DACA y DAPA fueron creados mediante órdenes ejecutivas de la administración Obama. Los programas requerían que los participantes cumplieran con ciertas condiciones, entre estas tener antecedentes sin delitos graves. Aunque las órdenes ejecutivas ampliaron las normas federales para proteger a los padres inmigrantes que estaban ilegalmente en Estados Unidos, funcionarios de la administración Obama también procuraron proveer a los inmigrantes jóvenes permisos de trabajo renovables cada tres años. El tribunal federal también bloqueó esa cláusula.
