HENRIETTA — El futuro sigue siendo incierto para una pareja mexicana en el centro de las protestas locales contra los oficiales estadounidenses de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, siglas en inglés) que abordan autobuses e interrogan a los pasajeros.
José y Teresa, que pidieron que no se usen sus apellidos, son de Michoacán y ahora viven en Newburgh, Nueva York. José dijo que él y su esposa viajaban en un autobús Greyhound de Newburgh a Chicago en enero cuando su autobús se detuvo en la estación de Trailways de Nueva York en la Calle Cumberland en Rochester para recoger pasajeros adicionales.
José dijo que los agentes de CBP abordaron el autobús y le preguntaron sobre su ciudadanía, y les dijo a los agentes que él y su esposa eran de México y tenían sus pasaportes. La pareja fue luego sacada del autobús, llevada a la estación de CBP en Pattonwood Drive y trasladada al Centro de Detención Federal de Buffalo en Batavia, donde estuvieron retenidos durante dos meses, dijo José.
Teresa dijo que miembros de su familia les habían advertido que tuvieran cuidado antes del fatídico viaje en autobús. Pero se habían sentido seguros de que todo iría bien, como había sido el caso en cualquier otra ocasión en que hicieron el viaje, dijo.
La pareja estaba de vuelta en el área de Rochester el 16 de mayo para lo que pensaban que era una audiencia sobre su caso. Desconocido para ellos, se había aprobado un cambio de sede para que el caso se escuchara en la ciudad de Nueva York, más cerca de donde viven, en lugar de Buffalo. Nadie le había comunicado la información a la pareja, ambos de 65 años de edad, explicó Paul Flansburg, voluntario de la Red de Respuesta Rápida de Rochester (RRRN, siglas en inglés).
Ya que los autobuses Greyhound viajan a través de las estaciones Trailways, los miembros de RRRN participaron en una protesta el 22 de marzo y una vigilia de oración el 5 de julio en la estación Trailways de Rochester para apoyar el llamado de la Unión Americana de Libertades Civiles para que las compañías de autobuses protejan a sus pasajeros. Los manifestantes hicieron referencia a una carta que la ACLU envió en nombre de sus afiliados en California, Washington, Vermont, Nueva York, Nueva Hampshire, Michigan, Florida, Maine, Texas y Arizona a representantes nacionales de las Líneas Greyhound que la práctica de la compañía de permitir a los agentes de CBP abordar sus autobuses para preguntar sobre la ciudadanía de los pasajeros y el estado de inmigración ha llevado a detenciones de pasajeros.
En un corrreo electrónico a El Mensajero el 7 de junio, la portavoz de Greyhound Crystal Booker dijo que la compañía ha continuado las conversaciones con la Patrulla Fronteriza que comenzaron después de las protestas iniciales para determinar si hay algo que se pueda hacer.
“También hemos estado en contacto con la ACLU durante los últimos meses para trabajar hacia una solución”, agregó Booker.
“Si bien se nos exige cumplir con la ley al permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza aborden nuestros autobuses cuando lo solicitan, no apoyamos ni coordinamos estas búsquedas, ni estamos contentos con ellas”.
Greyhound es una empresa privada atrapada en medio de un problema fuera de su control, dijo.
“Nuestros conductores enfrentan arrestos y multas por obstruir a estos agentes, y no queremos poner en riesgo su seguridad o la de nuestros pasajeros al intentar detener físicamente a un agente federal”, dijo Booker.
Anne Noonan, portavoz de New York Trailways, dijo que la compañía apoya una declaración de política de la Asociación Americana de Autobuses sobre este tema.
De acuerdo con la declaración de la política, la asociación “no pedirá a nuestros conductores que se resistan a las búsquedas de vehículos que no tengan una orden pero que son autorizadas por el estatuto federal”.
Sara Curtis, del Centro de Justicia para Trabajadores en Rochester, dijo que los defensores de la inmigración se mantienen atentos y todavía están en conversaciones con las dos compañías de autobuses con respecto a la situación. Señaló que las compañías no están legalmente obligadas a cumplir con lo que ella llamó tácticas de perfilar (discriminación) racial. También dijo que los miembros de RRRN están creando una base de datos de incidencias en las cuales los oficiales abordan autobuses y detienen a los pasajeros para determinar patrones que pueden usar para programar voluntarios que sirvan como defensores de cualquier persona que sea interrogada , agregó Curtis.
Mientras tanto, José y Teresa esperan su próxima cita en el tribunal el 25 de septiembre después de vivir en el área de la ciudad de Nueva York por más de dos décadas.
José ha trabajado en varios trabajos pero dejó de trabajar recientemente debido a su diabetes. Teresa todavía trabajaba como empleada doméstica en un hotel, pero se le dijo que no podía trabajar mientras el caso estaba pendiente, dijo.
“Yo no quiero que le pase a otra gente lo que hemos sufrido”, dijo ella. “Tienen que arreglar las leyes, buscar otra solución. … No somos malas personas. ¿Qué mal hacemos?”
